Guatemala bajo el control de grupos divergentes
Los representantes de los 48 Cantones de Totonicapán son responsables de las acciones ilegales que han sumergido a Guatemala en una crisis social marcada por hechos violentos en los que impera el caos, a la vista imperturbable de las fuerzas de seguridad.
María Saravia
Estos líderes se sienten orgullosos de los diez días de miseria, frustración y hambre que han hecho pasar a las familias guatemaltecas, especialmente a las más necesitadas. El desabastecimiento de los mercados, cadenas de supermercados, farmacias, hospitales, gasolineras, así como el cierre escuelas y centros de salud, afecta a todos los sectores y estratos sociales del país.
Carentes de toda conciencia social y respeto por el pueblo guatemalteco, las autoridades “ancestrales” señalan que pueden resistir mucho más tiempo y mantener los bloqueos de forma indefinida. Tal afirmación, más que una advertencia parece la amenaza de un grupo terrorista. Un grupo terrorista que avala el sabotaje de represas e hidroeléctricas, sin considerar por un segundo lo que implica dejar a millones de compatriotas sin el vital líquido o el servicio de luz eléctrica.
Tal como haría cualquier secuestrador, los representantes de los 48 Cantones de Totonicapán exigen a cambio de liberar al país, la destitución de la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, además, de tres operadores de Justicia. La semilla que alimentó la impetuosa reacción de los “comunitarios”, es el llamado del presidente electo, Bernardo Arévalo a defender la “democracia”.
Pero en este punto, resalta un hecho importantísimo, los 48 Cantones de Totonicapán, llegado el momento, tendrán el poder de suspender los bloqueos. De ser así, la responsabilidad de las pérdidas económicas, el desabastecimiento y la enorme lista de delitos cometidos por estos “grupos de manifestantes” recaerá en los hombros de los líderes de esta asociación comunitaria.
Más de 100 puntos bloqueados en las carreteras del país, cientos de comercios cerrados bajo intimidación y pérdidas económicas que superan los Q1 mil 100 millones por día, se suman a los problemas que el país deberá soportar. Este es el panorama actual, pese a los amparos otorgados por la Corte de Constitucionalidad en los que ordena a las autoridades garantizar los derechos de todos los guatemaltecos y actuar de forma inmediata para liberar los bloqueos.
Sin embargo, las fuerzas de seguridad, no solo desobedecen la orden de la CC, sino que protegen a los manifestantes de los “posibles ataques en su contra”. Bajo las narices de agentes de la PNC, la turba enardecida toma la represa del Tesoro en Chimaltenango, tala árboles para usarlos de barricada en las carreteras, lanza amenazas a conductores e intimida a la población. Sin que los empleados de la ley, muevan un solo dedo para poner orden.
El desenlace de esta tragedia, es impredecible. Suponer que las autoridades, por fin cumplirán con su deber, resulta poco probable. La única certeza, es que a menos de 90 días para que empiece el manato de Bernardo Arévalo, como presidente de la República de Guatemala, sus promesas de “unidad nacional” y una “nueva primavera” se desvanecen en la tempestad.
