#GuateClasificaSuBasura: ¿Intereses personales detrás de campaña ambiental?
El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), liderado por la ministra Patricia Orantes, ha lanzado la campaña «#GuateClasificaSuBasura», con el propósito de fomentar la separación de residuos en Guatemala. Sin embargo, la campaña ha quedado empañada por una serie de preguntas sobre su transparencia y las posibles implicaciones de un acuerdo con el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), una organización vinculada de cerca con el esposo de la ministra, Andreas Lehnoff.
Redacción
A pesar de las aclaraciones oficiales sobre que no es Lehnoff quien lidera el proyecto, sino otro miembro de WWF, como Roberto Troya, vicepresidente de la oficina de París, el hecho de que la ONG tenga conexiones directas con la familia de la ministra plantea la sospecha de que este proyecto podría estar impulsado por intereses más allá de la protección ambiental.
Bienestar ambiental o beneficio personal?
El MARN sostiene que la campaña cuenta con el respaldo financiero del gobierno alemán y se llevará a cabo en municipios clave como Gualán, Teculután, Puerto Barrios y la ciudad de Guatemala.
Sin embargo, la estructura del proyecto, en particular la elección de WWF como principal responsable, genera controversia. La participación de esta ONG, que tiene vínculos tan cercanos con la ministra, ha sido interpretada por algunos sectores como un indicio de que los intereses familiares juegan un papel central en el proyecto.
La difusión de la campaña, que se llevará a cabo en medios de comunicación durante dos años, también ha suscitado inquietudes sobre el uso de recursos públicos para un proyecto con un protagonismo tan marcado de actores vinculados a la ministra.
A pesar de los esfuerzos del MARN por argumentar que no hay conflicto de intereses debido a la asignación de roles a otros miembros de WWF, muchos observadores señalan que esto podría ser una manera de evitar lo que claramente parece un vínculo entre el poder político y el sector privado.
Aunque, el MARN ha enfatizado que el convenio no implica un diseño de fondos públicos hacia WWF, lo que en principio reduciría los riesgos de un conflicto de intereses. Sin embargo, el hecho de que una organización con fuertes lazos con la familia de la ministra esté tan involucrada en un proyecto gubernamental genera inquietud y puede dar lugar a la percepción de que los intereses privados están sobreponiéndose a la transparencia y la imparcialidad que deben regir en la gestión pública.
