Guatebelga busca extradición de exmilitares y exfuncionarios guatemaltecos
Ralph Allert, representante de Guatebelga, ha destacado que si la extradición no es posible, se evaluarán opciones en el ámbito del derecho internacional para hacer efectiva la sentencia de cadena perpetua en Guatemala.
Redacción
Miembros de la organización Guatebelga, conocida por su apoyo a grupos de izquierda en Guatemala, se encuentran en el país para difundir la condena emitida por un tribunal de Lovaina, Bélgica, contra cinco exmilitares y exfuncionarios guatemaltecos. Proceso, que se realizó sin la presencia de los acusados.
Durante una reciente conferencia de prensa, manifestaron su intención de buscar la extradición de los cinco guatemaltecos. “Los militares fueron condenados por una corte de Lovania a cadena perpetua y el fin último es que estas personas sean extraditadas a Bélgica para cumplir su sentencia” declaró el belga Stephan Parmentier, profesor de la universidad católica de Lovaina.
Condena en ausencia de acusados
El 14 de diciembre del año pasado, un tribunal penal en la ciudad de Lovaina, Bélgica, condenó en ausencia a cinco exmilitares y exfuncionarios guatemaltecos.
El caso fue impulsado por la organización Guatebelga, conocida por su apoyo a grupos de izquierda en Guatemala, lo que añade un matiz político al proceso. Miembros de la organización Guatebelga se encuentran actualmente en Guatemala para dar a conocer los detalles de la sentencia.
Entre los sentenciados se encuentran: el general Benedicto Lucas García, el exministro de Defensa Ángel Cabrera y el exministro de Gobernación Donaldo Álvarez Ruiz.
Los acusados fueron declarados culpables de crímenes cometidos contra cuatro sacerdotes de la Congregación del Inmaculado Corazón de María durante la década de los 80´s.
El juicio, realizado fuera de las fronteras guatemaltecas y sin la participación de los acusados, plantea interrogantes sobre la imparcialidad de la justicia y la legitimidad de la sentencia. Mientras unos lo ven como un paso en la lucha contra la impunidad, otros lo perciben como un juicio unilateral que dejó fuera el derecho a una legítima defensa.
El proceso se realizó sin la presencia de los acusados, un hecho que ha generado polémica por la falta de representación y la ausencia del derecho a la defensa. La condena se basa en la figura jurídica de «Empresa Criminal Conjunta», derivada de casos internacionales como los tribunales de la ex-Yugoslavia y Ruanda, donde se juzgan crímenes sistemáticos cometidos bajo un mismo aparato de poder.
