Gobierno rechaza señalamientos de EE.UU. sobre “puente aéreo” de narcotráfico en Guatemala
El gobierno de Guatemala respondió a las acusaciones de la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, quien en una entrevista con Fox News aseguró que el régimen de Nicolás Maduro financia un “puente aéreo” que utiliza el espacio aéreo de Honduras, Guatemala y México para el traslado de drogas, armas y dinero.
Redacción
Bondi, que ha calificado a Maduro como “narco-terrorista”, afirmó que Venezuela paga por rutas aéreas “libres y sin ser detectadas” para mover cargamentos ilícitos hacia Centroamérica y Norteamérica, un señalamiento que coloca a Guatemala en el centro de una ruta de alto valor estratégico para el crimen organizado.
El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) respondió con un comunicado en el que niega rotundamente que el espacio aéreo guatemalteco sea utilizado por redes criminales y asegura que, en los 19 meses de esta administración, “no se ha registrado ni una sola aeronave con droga” en territorio nacional.
Según el gobierno, en gobiernos anteriores llegaban a detectarse “73 aeronaves ilegales al año”, aunque no ofreció respaldo técnico o reportes independientes que sustenten esa cifra.
La respuesta oficial también resaltó cifras récord en incautación de drogas y 11 extradiciones por narcotráfico en 2025, además de un acuerdo con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE. UU. para modernizar puertos y aeropuertos.
Sin embargo, el comunicado evita referirse directamente al núcleo de la acusación: el presunto financiamiento de rutas aéreas por parte de un gobierno extranjero y el posible involucramiento de actores locales en la protección de esos vuelos.
Si bien el Ejecutivo asegura tener un sistema de detección aérea y marítima “en coordinación con autoridades estadounidenses”, las declaraciones de Bondi abren la puerta a cuestionar si dichas herramientas están siendo efectivas o si las rutas ilícitas simplemente han adoptado métodos de evasión más sofisticados.
La postura del gobierno de Arévalo, centrada en destacar sus logros operativos, contrasta con la gravedad de las afirmaciones de la fiscal estadounidense, que no solo vinculan a Guatemala con el narcotráfico transnacional, sino que sugieren una operación financiada y coordinada desde un Estado señalado por Washington como promotor del crimen organizado.
