Gobierno propone nueva secretaría anticorrupción: duplicidad y control político
El Ejecutivo, a través de la Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC), presentó una propuesta de reforma a la Ley del Organismo Ejecutivo para crear la Secretaría de Integridad Pública (SIP), una entidad que, según el comisionado Julio Flores, busca dar continuidad a políticas anticorrupción y evitar la naturaleza temporal de comisiones previas.
Redacción
Sin embargo, la propuesta despierta más preguntas que respuestas. Guatemala ya cuenta con instituciones encargadas de la fiscalización, como la Contraloría General de Cuentas (CGC), que por mandato constitucional debe velar por el uso adecuado de los recursos públicos. No obstante, múltiples denuncias presentadas ante la CGC y otros órganos de control han sido ignoradas o archivadas, sin que el gobierno actual ni los anteriores muestren voluntad de actuar frente a posibles casos de corrupción.
En ese contexto, la creación de una nueva secretaría suena menos a un esfuerzo genuino de transparencia y más a la construcción de un aparato paralelo controlado directamente por el Ejecutivo, lo que podría comprometer su independencia y credibilidad.
Una larga historia de duplicidad y gasto
Desde 2001, Guatemala ha tenido al menos ocho comisiones temporales para enfrentar la corrupción, la mayoría con resultados limitados y altos costos administrativos. Lejos de fortalecer las instituciones ya existentes, cada gobierno ha apostado por crear nuevas instancias que desaparecen con el cambio de autoridades, dejando tras de sí más burocracia y presupuestos diluidos.
Aunque la CNC asegura que la SIP no aumentará el gasto porque heredará su presupuesto, en la práctica se mantiene la misma carga presupuestaria sin resolver los problemas de fondo: la falta de investigación efectiva, sanción a los responsables y transparencia real en la gestión pública.
Un rol limitado y ambiguo
Según la propuesta, la SIP no tendría facultades de investigación penal ni administrativa, sino que se enfocaría únicamente en la prevención y promoción de buenas prácticas. Es decir, una secretaría sin dientes frente a la corrupción, que dependerá de la voluntad política del Ejecutivo y del Congreso para dar seguimiento a las políticas que impulse.
Al mismo tiempo, al absorber funciones de la CNC, se corre el riesgo de perpetuar lo que se pretendía eliminar: duplicidad de esfuerzos, diagnósticos reciclados y planes de prevención que no se traducen en sanciones.
Más imagen que resultados
El anuncio se presenta como un avance hacia la institucionalización de la lucha anticorrupción. Sin embargo, la realidad muestra que las denuncias contra funcionarios rara vez prosperan y que los órganos de control existentes son marginados o presionados políticamente.
En este escenario, la SIP podría convertirse en una fachada más para legitimar al gobierno ante la opinión pública y organismos internacionales, mientras las estructuras de corrupción continúan operando con impunidad.
