Gobierno de Arévalo busca inmunidad
Este 29 de febrero, el gobierno de Bernardo Arévalo busca materializar las promesas del exdiputado al emprender acciones legales contra la Fiscal General, Consuelo Porras. A diferencia de otras promesas de campaña que han quedado en pausa, como la reducción de su salario, las advertencias dirigidas a Porras parecen ser un objetivo prioritario para el mandatario.
Redacción
En el marco del caso «Semilla«, destaca la enérgica actuación de los miembros del gobierno vinculados al partido Movimiento Semilla al emprender acciones legales contra la Fiscal General. Tanto el Secretario General de la Presidencia, Juan Guerrero Garnica, como Julio Saavedra, Procurador General de la Nación, presentaron una acción legal contra Porras. Esta medida, es vista por analistas políticos como un esfuerzo para garantizar protección para el mandatario y miembros de su partido ante posibles acusaciones de delitos.
El secretario general de la Presidencia, Juan Guerrero Garnica, y Julio Saavedra, Procurador General de la Nación, presentaron una acción legal contra la Fiscal General y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, ante la negativa de Porras de participar en la junta de gabinete. Los miembros del partido suspendido Semilla señalan a la Fiscal General de incumplimiento de deberes.
Polémica reunión
En el centro de la controversia se encuentra una reunión del Consejo de Ministros a la que acudió la Fiscal General por invitación de Bernardo Arévalo. Sin embargo, Porras tuvo que retirarse cuando el ex diputado inició un Consejo de Ministros, ya que las leyes vigentes prohíben la presencia de personas ajenas en dicha instancia. Ante la observación de Porras, Arévalo cerró el Consejo e intentó comenzar una reunión de gabinete. Sin embargo, la fiscal señaló las deficiencias jurídicas de esa reunión y se retiró.
A través de un comunicado, el Ministerio Público explicó que la funcionaria acudió a la invitación con la intención de entablar «un diálogo constructivo». No obstante, al percatarse de que se iniciaría una reunión de Consejo de Ministros, tuvo que retirarse, ya que las leyes vigentes prohíben la participación de personas no autorizadas en esta instancia.
“Las deficiencias jurídicas que hacen inviable llevar a cabo una reunión de gabinete», según informó el comunicado del MP.
