Gobierno anuncia derogación de acuerdos
Arévalo anunció la derogación de acuerdos que imponían seguro obligatorio hasta alcanzar nuevos consensos a través de una mesa técnica . El mandatario también advirtió posibles acciones contra actores de los bloqueos, señalando a supuestos criminales e infiltrados que atentaron contra el orden público.
Redacción
La noche de este 19 de marzo, Bernardo Arévalo dio a conocer la derogación de los acuerdos 46, 47, 48 y 49-2025, en tanto se lleguen a nuevos consensos, dejando claro que la eliminación definitiva aún no está garantizada. En lugar de una decisión inmediata, el gobierno ha optado por instalar una mesa técnica que discutirá la normativa y el compromiso de presentar una iniciativa de Ley General de Transporte, con un plazo no mayor de un año para definir el futuro del seguro obligatorio para vehículos.
El anuncio, lejos de ofrecer una solución definitiva, evidencia que la derogación es temporal y que las discusiones se prolongarán por meses, manteniendo la incertidumbre para transportistas y usuarios. El Ejecutivo sigue sin tomar una postura clara sobre cómo se garantizará un proceso transparente y efectivo que evite nuevas crisis en el sector.
Además de la demora en la derogación, Arévalo lanzó advertencias sobre la posibilidad de abrir investigaciones contra actores involucrados en los bloqueos recientes. En su discurso, el mandatario señaló que no habrá “ninguna consideración” con aquellos que han atentado contra el orden público, mencionando la existencia de supuestos “criminales” e “infiltrados” que habrían aprovechado la situación para generar caos.
El gobierno no especificó a quiénes se refería ni qué acciones tomará en concreto, pero sus declaraciones sugieren que podría iniciar procesos legales contra algunos de los manifestantes o sus líderes. Esto genera dudas sobre si la administración utilizará estos señalamientos como una estrategia para desmovilizar futuras protestas o para debilitar a sectores críticos de su gestión.
Un gobierno sin rumbo claro
La decisión de postergar la derogación definitiva de los acuerdos y la amenaza de posibles investigaciones muestran que el gobierno sigue apostando por dilatar soluciones y generar más incertidumbre. En lugar de tomar decisiones concretas, se ha abierto un periodo de negociación indefinido con la promesa de “llegar a consensos”, lo que en términos políticos puede traducirse en más negociaciones sin resultados claros.
Mientras tanto, el seguro obligatorio sigue siendo un tema sin resolver y el transporte en Guatemala sigue operando bajo una legislación desactualizada. El gobierno de Arévalo, que prometió cambios estructurales y diálogo efectivo, parece atrapado en su propia indecisión, sin una estrategia clara para gestionar la crisis que él mismo ayudó a profundizar.
