Funcionarios del Ejecutivo se enredaron en su propia red de bulos y narrativa perversa, señala el MP

En conferencia de prensa, el ente investigador informó que solicitaron la certificación de lo conducente contra Blanca Alfaro, presidente del TSE; Santiago Palomo, secretario de Comunicación Social de la Presidencia, y todo el personal del ente electoral que estuvo presente en las diligencias del MP realizadas en julio. Asimismo, el MP solicitó a la judicatura levantar parcialmente la reserva en el caso, informaron funcionarios del MP.

Redacción

Desde la campaña electoral, Bernardo Arévalo, el partido independiente que lo postuló y los informativos que replican la posición de este grupo, sostienen una narrativa que esa institución considera perversa y distorsionada. Además, ha habido un constante ataque legal contra el MP, a partir de que Arévalo asumiera el mando del Organismo Ejecutivo. Entre otros, han intentado reformar la Ley Orgánica del MP, para destituir a la Fiscal General sin causa justificada, afirma el ente investigador. Con ambas acciones: legales y mediáticas, se busca impedir que el MP cumpla sus funciones y especialmente, que no investigue los actos de corrupción atribuidos al gobierno actual.

Un ejemplo de las falsas narrativas impulsadas desde el oficialismo, es que en el MP hay 132 denuncias por actos de corrupción contra diferentes funcionarios del gobierno actual. Estas, interpuestas por diferentes ciudadanos, no por la Comisión Nacional Contra la Corrupción, que hasta hace poco encabezó Santiago Palomo, dijo Ángel Pineda en la conferencia.

Recientemente, Palomo hizo eco de la presidente del Tribunal Supremo Electoral, Blanca Alfaro, quien en sus redes sociales, afirmó que el MP había «secuestrado» el padrón electoral.

El bulo, difundido por Alfaro y replicado por Palomo, se convirtió en «información oficial» y de esta manera circuló en medios, incluyendo agencias internacionales. Una de estas tituló: Guatemala: gobierno denuncia «secuestro» de padrón electoral por la fiscalía, dejando constancia escrita del presunto delito cometido por Palomo al usar recursos del Estado para difundir una mentira que tenía como objetivo denigrar al MP, pero también generar pánico entre la ciudadanía.

Blanca Alfaro y Santiago Palomo son abogados. Alfaro, como presidente del TSE, debiera conocer de memoria la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), cuyo artículo 255 y el artículo 10 del reglamento de la misma, especifican que el registro del padrón electoral es público, señaló Rafael Curruchiche, fiscal distrital de la FECI, quien recordó que, como fiscal de Delitos Electorales, recibió dos veces el padrón del proceso electoral 2019, que le fue enviado por el TSE.

«Cualquier ciudadano puede tener acceso al padrón», recalcó el jefe de la FECI, quien considera que hablar del «secuestro del padrón» demuestra ignorancia total de la ley.

Sumado al delito de difundir información falsa desde plataformas oficiales y con recursos del gobierno, está la fuga de información evidente que pudo haber sido responsabilidad de los funcionarios del TSE que participaron en las diligencias de los días 18,22 y 23 de julio, debido a que en ese momento, el caso se encontraba bajo reserva total y todos los funcionarios que participaron en las diligencias firmaron un acta garantizando la confidencialidad de la acción.

«Conocedores de la reserva, eran responsables», señaló Leonor Morales Lazo, la fiscal del caso Corrupción Semilla. Al respecto, el secretario contra la corrupción del MP, explicó que la reserva de un caso no viola los derechos de los sindicados y tiene como objetivo evitar la fuga de posibles investigados y las filtraciones de información.

Este último caso es el que se evidenció cuando Alfaro y Palomo afirmaron que el padrón fue secuestrado y que esto representaba un grave riesgo para la integridad de los ciudadanos, ya que según esta narrativa, el MP logró acceso a «información privada y sensible» con la USB que el TSE entregó al ente investigador de forma oficial y como parte de las investigaciones de un caso en reserva.

Divulgar una mentira que además de poco elaborada tiene como fin generar pánico entre la ciudadanía es un acto perverso, que se agrava cuando esto se realiza desde la esfera gubernamental, con recursos estatales y como consecuencia de una filtración de datos que violó un acta firmada por funcionarios.

Alfaro no estuvo presente en las diligencias, señalaron varios de los participantes en la conferencia. Esto implicaría a alguno de los funcionarios del TSE que participaron en ellas. Como consecuencia, el MP solicitó levantar parcialmente la reserva del caso, y certificar lo conducente contra los funcionarios que transgredieron su compromiso establecido en un acta y contra los que, con tal de perjudicar al ente investigador, no tuvieron escrúpulos en informar falsamente,