Putin y el miedo institucionalizado

Berit Knudsen

La muerte del candidato Alexéi Navalny en una cárcel del Ártico en 2024 confirmó un autoritarismo ruso que institucionaliza el miedo como forma de gobierno. Purgas, suicidios, arrestos y exilios muestran un poder absoluto que, más que fuerza, proyecta paranoia. Pruebas internacionales recientes validaron el envenenamiento de Navalny, evidenciando patrones: arresto de altos funcionarios, purgas ministeriales, legislación represiva y capitales que no huyeron del caos, sino del poder mismo. El miedo sostiene al régimen, lógica que podría conducir a la autodestrucción.

Navalny es la expresión del temor sistematizado, castigo como forma de gobernar. En 2022, Rusia reinicia las depuraciones internas, condenas reservadas a disidentes y todo aquel que represente grietas en el poder, como patrón estructural.

La reelección indefinida hasta 2036 instaurada por Putin no solo perpetúa su mandato: reconfiguró su entorno. El poder, alguna vez basado en el consenso de las élites, se impuso por eliminación, valorando obediencia sobre eficiencia, castigando por sospecha.

Desde la invasión a Ucrania en 2022, Rusia registra cadenas de muertes sospechosas, arrestos y exilios en sus élites. Ejecutivos como Ravil Maganov (Lukoil) y Vladislav Avayev (Gazprombank) murieron en circunstancias oscuras, mientras Leonid Shulman y Alexander Tyulakov, altos cargos de Gazprom, fueron clasificados como suicidios. Figuras simbólicas del aparato estatal, apartadas: Anatoly Chubáis, arquitecto de la reforma liberal, expresó su rechazo a la guerra abandonando el país; Vladimir Mau, rector académico, fue detenido por malversación. Incluso quienes no fueron acusados formalmente, como el exgobernador Roman Starovoit, murieron tras ser destituidos, evidenciando que la caída no depende del crimen, sino del contexto político.

En 2024, el viceministro de Defensa Timur Ivanov fue arrestado por malversación de fondos. Días después cayeron Yuri Kuznetsov y Vladimir Verteletsky, altos cargos militares acusados de vender secretos o soborno. El ministro Sergei Shoigu, reemplazado por el tecnócrata Andrey Belousov, señala la pérdida de confianza como inicio en la purga ministerial.

Altos rangos como el viceministro de Defensa Dmitry Bulgakov o el general Ivan Popov, comandante del 58.º Ejército, fueron arrestados por corrupción con otros oficiales, tras criticar el curso de la guerra. En 2025, 99 legisladores regionales y altos funcionarios fueron procesados. Los cargos formales fueron abuso de poder o enriquecimiento ilícito, pero la constante fue falta de transparencia y reemplazos inmediatos por miembros del círculo cercano a Putin. Surgen leyes que castigan con prisión la “difamación” contra las Fuerzas Armadas. Personas sin historial político, condenadas, perdiendo la ciudadanía o deportadas por “actividades indeseables”. Leyes como herramienta de intimidación.

Esta espiral recuerda, en tono invertido, la crisis del capital flight de los noventa, cuando el miedo fue el colapso. Unos 150 000 millones de dólares salieron del país entre 1992 y 1999. Ese miedo llevó a Putin al poder como restaurador del orden. Pero hoy el ciclo se repite con miedo al control. Entre 2022 y 2023, empresarios, oligarcas y funcionarios transfirieron 200 000 millones de dólares usando redes en Emiratos Árabes, Turquía, China, Armenia o Georgia; capital que no huyó del caos, sino del poder.

La Rusia de hoy no solo amenaza a sus vecinos. Ese laboratorio de autoritarismo radical puede destruir sus propios cimientos. El miedo, que una vez disciplinó, ahora inmoviliza. Con una lógica de purga permanente, el poder no proyecta estabilidad, sino fragilidad encubierta. Como ya ha ocurrido en la historia rusa, su propia incapacidad puede llevarlos a devorarse a sí mismos.