Perú: entre vacancias y vacío institucional

La crisis política peruana hace peligrar la democracia. La vacancia de Dina Boluarte, parte de la secuencia de colapsos institucionales, convierte lo excepcional en rutina; siete presidentes en ocho años lo comprueban. Cada caída presentada como corrección moral o ajuste constitucional muestra la ausencia de un proyecto republicano, sustituyendo el debate político por cálculos inmediatos.

La destitución ejecutada por el Congreso a seis meses de las elecciones de 2026 no defiende la legalidad, presenta a un Parlamento desprestigiado que busca distanciarse de una presidenta con 97 % de desaprobación. La velocidad del procedimiento, unanimidad consumada, ausencia de votos en contra, sin deliberaciones, confirma que la política peruana sigue perdiendo pluralismo. Las instituciones existen, pero sin contenido.

El Congreso carece de cuadros con experiencia, fruto de prohibir la reelección parlamentaria, iniciativa de Martín Vizcarra en 2018. La improvisación domina a un Legislativo que no cumple su función básica: filtrar intereses y formar gobiernos estables. La realidad se refleja con 43 partidos inscritos para las elecciones de 2026, muchos sin ideología o estructura. Esa política es el teatro donde las vacancias sustituyen a las urnas y las protestas al debate.

Desde el intento de autogolpe de Castillo en 2022, la violencia y represión cobran vidas, sin restablecer la confianza ciudadana en el Estado. La generación del Bicentenario y la generación Z expresan la frustración de jóvenes que no defienden una causa articulada, solo desconcierto ante un país donde el poder es el mal ejemplo.

Mientras tanto, el crimen organizado avanza, comprando complicidades. Las cárceles peruanas son centros de operaciones, la extorsión se multiplica con una policía desbordada y un Poder Judicial inoperante. La población desaprobó al gobierno de Boluarte por no enfrentar las amenazas, vista como ausente y banal, sin estrategias de seguridad nacional.

El Perú es, según The Economist Intelligence, un régimen híbrido, un sistema en el que las formas democráticas conviven con instituciones inoperantes, sin balance de poderes. La ley se aplica según conveniencia y la represión sustituye al diálogo. Es el resultado previsible de una década de vacancias, disoluciones y gobiernos sin legitimidad. Pero el país continúa por esa pendiente.

El Banco Central de Reserva demuestra que la independencia institucional con continuidad favorece la estabilidad y la confianza. Pero un país no puede funcionar indefinidamente en “piloto automático”. Disciplina económica y baja deuda es insuficiente cuando el gasto público mantiene a una burocracia de un millón y medio de empleados con sueldos superiores a los del sector privado, sin resultados en servicios básicos, educación o menores niveles de pobreza.

No basta con cambiar de presidente. La raíz del problema está en una cultura política que confunde fuerza con autoridad, escándalo con justicia. Recuperar el orden democrático exige reconstruir la responsabilidad pública, una política que rinda cuentas, un Congreso que legisle con conocimiento, un Estado que gobierne y gaste con criterio, y una ciudadanía que exija con argumentos, no con piedras.

Lo que sostiene al Perú es la fuerza del ciudadano común que trabaja, produce y mantiene en pie la economía mientras la clase dirigente usa al poder como objeto descartable. Si no se reforma la lógica de la vacancia y la cultura de la impunidad, ni el “piloto automático” económico evitará el colapso. La institucionalidad no se restaura con reemplazos: se construye con responsabilidad, memoria y propósito.