FECI abre nuevo caso contra exdirector del TSE
El caso “Corrupción Semilla” sumó este martes una nueva línea de investigación. La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) confirmó que el exdirector de Informática del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Jorge Santos Neill, es señalado ahora por utilizar un teléfono móvil mientras se encontraba privado de libertad, lo que derivó en su traslado de cárcel y la apertura de un nuevo expediente penal en su contra.
Redacción
Durante la audiencia de ofrecimiento de prueba celebrada el 27 de mayo en el Juzgado Séptimo Penal, la fiscal Leonor Morales reveló que Santos ingresó un teléfono celular a la sede del Ministerio Público cuando acudió a declarar como posible colaborador eficaz en el caso original. Según el MP, el dispositivo provenía del centro de detención militar Mariscal Zavala, donde el exfuncionario guardaba prisión preventiva.
La fiscal argumentó que el hecho ponía en riesgo el proceso penal y citó el artículo 5 del Código Procesal Penal para justificar la solicitud de trasladar al sindicado al Preventivo para Hombres de la zona 18. El juez Fredy Orellana acogió el planteamiento del MP y ordenó abrir una investigación paralela para establecer responsabilidades dentro del Sistema Penitenciario, incluyendo al personal que pudo haber facilitado el ingreso del equipo ilícito.
Juicio avanza
En la misma audiencia, se conocieron los elementos probatorios que la defensa de Santos pretendía presentar en el juicio por los delitos de incumplimiento de deberes y abuso de autoridad con fines electorales, vinculados al uso y manipulación del sistema de transmisión de resultados electorales preliminares (TREP) en 2023.
Sin embargo, el juez rechazó más de 50 medios de prueba al considerar que no cumplían con los requisitos legales de pertinencia y claridad.
Santos fue enviado a juicio el pasado 21 de mayo como uno de los principales implicados en el caso “Corrupción Semilla”, una investigación que cuestiona la legalidad del proceso electoral de 2023 y que ha sido fuertemente criticada por sectores académicos y políticos por su impacto en la legitimidad democrática. El juicio está programado para iniciar el 24 de febrero de 2026.
