Etanol obligatorio: “Que todo cambie para que todo siga igual”
Giuseppe Tomasi di Lampedusa (1896-1957), escribió Gattopardo, la novela que no vio publicada y se convirtió en un clásico de las letras italianas, motivando una película con el mismo nombre (1963) y recientemente, una miniserie de Netflix.
“Que todo cambie para que todo siga igual” es la frase que Tancredo, el sobrino del príncipe, le dice a su tío, en un momento en que la aristocracia siciliana se tambaleaba ante cambios políticos.
La frase dio origen al “gatopardismo”, término que alude a “una filosofía” basada en reformas “meramente cosméticas, ociosas o de distracción, que se proponen para mantener incólumes los privilegios de los que manipulan estas reformas”, explica la Enciclopedia política.
Es vox populi que, en Guatemala, el sector azucarero ejerce prácticas monopolistas y cuenta con la protección del Estado, que impone aranceles hasta del 20% a las importaciones y obliga a que el azúcar para consumo, nacional o extranjera, se fortifique con vitamina A, según una ley de 1992.
La Asociación de Azucareros de Guatemala, montada en el carro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU (Agenda 2030), cuenta con el Instituto Privado de Investigación sobre Cambio Climático y también produce 289 millones de litros de alcohol que, según su página:
Queda claro entonces, el componente de “gatopardismo” en la intención de imponerles a todos los guatemaltecos que, a partir del 1 de enero de 2026, utilicen una gasolina “rebajada” con etanol, que, según los medios de comunicación afines al gobierno, “marcará un hito en la transición hacia un modelo energético más limpio y sostenible”.
La obligatoriedad constituirá el negocio redondo para los fabricantes de etanol, que no deberán esforzarse por vender su producto (sea o no de calidad), pero además, Guatemala podría imitar a Brasil, donde el gobierno promovió subsidios y reducción de impuestos para los productores.
La base legal para obligar a empresarios de gasolineras y dueños de autos a comprar un producto “sí o sí”, es un fallo de la Corte de Constitucionalidad (CC), que reactivó una ley de 1985.
Si Guatemala pretende reproducir el modelo brasileño, tendrá que invertir en la infraestructura adecuada, además de que el sector automotriz tendría que importar vehículos compatibles con el etanol.
En cuanto a la narrativa sobre las bondades “medioambientales” del producto, que promueven los empresarios hoy devenidos en ambientalistas y promotores de los ODS, en 2017 el director de Calidad del Aire de México, Sergio Zirath Hernández expresó: “ni hace más limpia la gasolina, ni genera beneficios ambientales en términos de calidad del aire”.
Para el ciudadano que cada día se transporta en su carcacha entre el tráfico dantesco de una capital sin ordenamiento urbano de ninguna naturaleza, el cambio podría ser dramático, porque miles de chapines que no pueden cambiar de carro, tendrían que abandonar sus viejos autos y terminar hacinados en los “Transmetros”, única opción de transporte público que existe y no es la más amigable ni digna para nadie.
Igual suerte correrían los Uber, taxistas y motoristas, ya que es sabido el deterioro que provoca el etanol en las piezas de los vehículos. Sumado a ello, los gasolineros también tendrán graves problemas con los tanques de almacenamiento, debido a los sedimentos.
¿Quién gana con este cambio que aumenta los privilegios para una industria monopolista? La respuesta es evidente y ya se mencionó.
Pero la gran pregunta de todo este despropósito debe ser:
¿Será que los guatemaltecos, amantes de la libertad, permitirán que nuevamente se pisotee su derecho a comprar libremente, con una ley que los obliga a adquirir un producto muy discutible y que dejará a muchos sin medios de transporte, aquí donde no existe el transporte público digno?
Y finalmente:
¿Por qué los productores de etanol no venden su producto sin trampas y sin protección de un Estado que cada vez hace más pobre a Guatemala?