“Esclarecer la verdad de los bloqueos sería fatal para el Departamento de Estado”

Steve Hecht, empresario y periodista estadounidense que desde 1972 radica en Guatemala, afirma que el camino para que EE.UU. sancione al estado guatemalteco, tal como pide la congresista Norma Torres, pasa por el esclarecimiento de los bloqueos protagonizados por organizaciones izquierdistas vinculadas al Departamento de Estado. “Y para ellos, sería un debate peligroso”, concluye.

Roxana Orantes Córdova

Hecht es un liberal clásico empedernido que tiene una década denunciando los atropellos que la izquierda estadounidense comete en Guatemala y otros países, a través de sus operadores en el Departamento de Estado.

Como periodista, ha publicado en diversos medios internacionales y participado en programas de opinión, desmontando los mitos erróneos que prevalecen sobre Hispanoamérica, especialmente Guatemala.

Entrevistado por 24:7 Prensa Digital, enfatiza en que lo peor que podría pasarle al grupo izquierdista en el Departamento de Estado y sus operadores como Norma Torres, es que la pretensión de sanciones contra Guatemala llegue al Departamento del Tesoro, donde se realizaría una investigación exhaustiva, llegando a un debate más amplio en el Congreso y un punto sensible para los contribuyentes estadounidenses: USAID ha financiado los ONGs que efectuaron los bloqueos criminales en Guatemala. Por ende, parece que fueron financiados con impuestos de los norteamericanos.

¿Cuál es la posibilidad de que se apliquen las sanciones en gran escala que Norma Torres pide constantemente?

El Departamento de Estado ha sancionado sus enemigos políticos arbitrariamente, y no necesita a Torres para esto. En contraste, el Departamento del Tesoro tiene una reputación, aun bajo Biden, de trabajar con base a evidencia. No hay ninguna posibilidad que ellos actúen porque lo pide Torres, porque ella miente sobre los hechos.  

Norma Torres es una congresista que, como representante en el Comité de Asuntos Exteriores, actúa para promover los intereses del Departamento de Estado y Wola. Es evidente su apoyo irrestricto a personajes como Thelma Aldana y Claudia Paz y Paz. Pero la realidad es que puede pedir mucho, pero difícilmente logre cumplir con sus amenazas.

En 2022, pidió al Departamento del Tesoro sanciones “más fuertes” y retiró su resolución. Para mostrar quien es Torres, dijo en 2022 que su resolución tenía apoyo de Helen Mack y tres prófugos de justicia: Erika Aifán, Juan Francisco Sandoval, y Thelma Aldana. Es una agente que apoya firmemente a ex guerrilleros como Daniel Pascual, el CUC y a los 48 Cantones.

El Departamento de Estado sanciona gente sin evidencia, a través de la Lista Engel. Sin embargo, para impulsar sanciones a través del Departamento del Tesoro, donde se maneja la Ley Magnitsky, se debe basar en evidencia. Para ello, el Departamento del Tesoro realiza una investigación muy detallada. Esto provocaría más atención en Guatemala, y al llegar al tema de los bloqueos recientes, se llegaría al financiamiento de esos bloqueos.

Pueden llevar el tema a otras instancias, pero llegar hasta ese nivel y con un debate amplio no les conviene. Lo peor para ellos, es el esclarecimiento. Siguen manejando el concepto de que los bloqueos fueron pacíficos y espontáneos cuando está clarísmo que fueron planificados y violentos. Podría también salir que hubo de por medio mal uso de fondos provenientes de EE.UU. que tenían otro destino y terminaron financiando bloqueos.

En el Departamento de Estado existen ideólogos corruptos. Ellos critican a los regímenes cubano, venezolano, y nicaragüense, pero no solo no toman acciones, los ayudan. El mensaje que da Torres con las amenazas es: “si no se vuelven como Nicaragua, los vamos a sancionar”. Pero aunque anuncie y amenace con sanciones, muy difícilmente van a actuar porque ella lo dice. Es únicamente una operadora del Departamento de Estado, y no les conviene que se sepa la verdad.

¿Considera que la coyuntura guatemalteca se presenta distorsionada en EE.UU.?

Entre otras versiones de Torres, los fiscales del Ministerio Público (MP), agredieron a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), durante el allanamiento. Un vídeo muestra cómo los magistrados forcejearon con los fiscales para impedir que sacaran los documentos.

Esta es una acción criminal llamada obstaculización a la acción penal. En cuanto al MP ejecutando allanamientos del TSE, el artículo 251 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) es claro, al remitir ciertos delitos y faltas electorales al Código Penal.

El artículo 251 de la Constitución Política de la República define que la acción penal corresponde al MP. Estos magistrados se opusieron abiertamente a la acción del MP, y esto consta en videos.

¿Cuál es el futuro de USAID?

Alrededor de sus acciones, diría un 5%, han sido de beneficio. Pero desde hace décadas han tenido muchos desaciertos. Por ejemplo, hace casi 50 años invirtieron US$19 millones en un proyecto consistente en trasladar gente de montaña a una zona fronteriza con México, donde sus ingresos podrían mejorar.

Esto lo hicieron sin ningún estudio previo y fue un fracaso. Poco tiempo después, la gente regresó a su tierra. Probablemente, fue solo ineficiencia y no mala fe, como en el caso de Asodefir, al que USAID le dio alrededor de un millón de dólares, que finalmente terminó en comprar acciones de Banrural. Esta sí parece mala fe, y hasta el momento el Departamento de Estado no solo no ha hecho nada sino que protege a Juan Francisco Sandoval a pesar de saber que él obstaculizó la investigación durante dos años.

La única forma de que esta agencia desaparezca, es si un gobierno pro América llega al poder en EE.UU. y se demuestra que USAID exporta su agenda política marxista. Pero aún entre los republicanos, existe percepción de que esa organización hace el bien. Faltaría la voluntad de un gobierno que investigue a fondo el destino que le dan a los impuestos de los contribuyentes estadounidenses.