El primer año de la «nueva política»: Pactos y estrategias del oficialismo
A un año de gobierno, los diputados oficialistas han demostrado que, más allá de la imagen de la «nueva política» que pretendían proyectar, la realidad es otra: un juego de estrategias, pactos y beneficios propios que no solo han desmantelado sus promesas de cambio, sino que han puesto en jaque la estabilidad económica del país.
Redacción
En este primer año, la «nueva política» se ha revelado como una farsa, en la que la imagen de transformación se ha diluido en un mar de negociaciones opacas y concesiones que se traducen en decisiones que favorecen a los propios actores políticos a costa del bienestar social.
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Beneficios para diputados
Uno de los movimientos más polémicos fue la aprobación del aumento salarial para los propios diputados, un incremento del 112% en sus sueldos que solo muestra la hipocresía de un Congreso que, al mismo tiempo que promete austeridad y justicia social, asegura para sí misma una mejoría económica que la mayoría de guatemaltecos ni siquiera podría imaginar.
Este aumento, aprobado sin ningún tipo de transparencia y en medio de un debate sobre el presupuesto nacional, refleja una desconexión alarmante entre los intereses del gobierno y las necesidades reales de la población.
Legislar para cumplir intereses propios
En paralelo, los diputados independientes ha impulsado reformas legales que, aunque presentadas como avances para la democracia y el desarrollo, en realidad son un juego de favores que atienden más a las exigencias de actores económicos y políticos poderosos que a las demandas sociales.
La reforma a la Ley Contra la Delincuencia Organizada, ha sido una clara demostración de cómo el oficialismo prioriza su supervivencia antes que el bienestar colectivo. A este movimiento se le suman otras reformas que, aunque bien maquilladas, han sido un reflejo de cómo el Ejecutivo ha cedido ante las presiones del sector privado, como la Ley de Competencia, que, en lugar de fortalecer el mercado, podría desalentar a inversionistas y perjudicar a la mediana y pequeña empresa.
Aliados locales
Pero, sin duda, la gran cuestión de este primer año ha sido el manejo de los recursos públicos. La asignación de Q5 mil millones a los Consejos de Desarrollo (Codedes), sin una estrategia clara de ejecución, ha sido vista como una puerta abierta a la corrupción, mientras que el país sigue paralizado por la ineficiencia de un incapaz gobierno de llevar a cabo proyectos que realmente impactan en el desarrollo social.
La falta de ejecución presupuestaria en proyectos clave es solo una manifestación más de una administración que se encuentra sumida en un mar de promesas incumplidas, incapaz de atender las necesidades urgentes de la población. A esto se suma, el descomunal Presupuesto General aprobado que supera los Q148 mil millones, un monto que ha generado críticas debido a su impacto en la deuda pública.
Alianzas para mantener el poder
Además, la reforma a la Policía Nacional Civil, con un bono extraordinario de Q6,000 para los agentes, evidencia cómo el oficialismo ha utilizado el tema de la seguridad no solo como un mecanismo de control, sino también como un instrumento para asegurar lealtades políticas.
Este tipo de acuerdos, que afectan la integridad de las instituciones, solo profundizan la desconfianza en un gobierno que se presenta como el abandonado del cambio, pero que, en la práctica, perpetúa un sistema de pactos oscuros que solo favorece a unos pocos.
Así, lo que se presentó como una esperanza de cambio para el país, hoy se revela como una estrategia de supervivencia política a costa de la estabilidad económica de Guatemala. Este primer año ha sido testigo de una gestión paralizada, incapaz de hacer frente a los desafíos más urgentes.
Mientras los pactos de poder siguen favoreciendo a los mismos de siempre. La «nueva política» se ha convertido en una farsa, un juego de intereses que, lejos de transformar al país, lo mantiene atrapado en la ineficiencia y la corrupción.
