El futuro de Semilla, rodeado de bulos e imprecisiones
El MP mandó un oficio al Congreso y el Parlacen, que según el artículo 170 de la Constitución, deberían decidir si cancelan o no al Movimiento Semilla. El hecho desató una serie de comentarios en redes, donde circula más de un bulo, confusión e imprecisión que vale la pena aclarar.
Redacción
Hoy, el Ministerio Público (MP), remitió al Congreso de la República y al Parlamento Centroamericano (Parlacen), la suspensión judicial del partido Semilla, que no permitiría a los diputados electos tomar posesión.
Juan Luis Pantaleón, vocero del MP, dijo: “la Fiscalía Especial contra la Impunidad envió oficio para conocimiento del Congreso de la República respecto a la resolución judicial del 12 de julio de 2023. Además, se remitió copia de los cuatro fallos de la Corte de Constitucionalidad para el conocimiento del Organismo Legislativo”.
Aparentemente, la decisión de suspender o no la bancada Semilla está en manos del Congreso, según el artículo 170 de la Constitución Política de la República, que indica:
“Artículo 170 Son atribuciones específicas del Congreso: a) Calificar las credenciales que extenderá el Tribunal Supremo Electoral a los diputados electos”.
Empero, el presidente de la Comisión de Asuntos Electorales del Legislativo, Inés Castillo (UNE), afirmó que “solo el TSE puede ordenar si asumen o no los diputados al Congreso y al Parlacen”.
Reacciones, contradicciones y bulos
Entre las primeras reacciones al oficio, nota o carta que el MP mandó al Congreso, resalta la del ex candidato presidencial que no logró inscribirse, Roberto Arzú, quien calificó la acción de “absolutamente ilegal, espuria e inconstitucional”, agregando que el “único y supremo órgano competente en materia electoral es el TSE”.
El político olvida que el documento deja en el Congreso la potestad, basado en el artículo 170 de la Constitución, que otorga a ese organismo la atribución de calificar las credenciales que otorga el TSE. Esta sería una de tantas contradicciones manifestadas en torno al tema: se señala inconstitucionalidad de un acto basado en la Constitución.
Además, los anuncios de nuevas manifestaciones vuelven a surgir. Por ejemplo, un grupo llamado Alianza de Mujeres y Mujeres Indígenas por el Acceso a la Justicia indicó en redes que “se suma al llamado de la población” para manifestar mañana frente al MP, a las 11 de la mañana.
Finalmente, la diputada electa de Semilla, Andrea Reyes, también abogada de esa organización, se presentó en la Sala Segunda de Apelaciones del Ramo Penal, pidiendo que se les otorgue un amparo definitivo que permita anular la suspensión de la personería jurídica de la agrupación.
Esto, además de contradicción, recuerda el bulo que circuló anteriormente, divulgado por Semilla y que atribuye a la misma abogada la afirmación de que “ya tenían amparo definitivo anulando la suspensión”. La mentira referida fue enmendada por algunos medios que aseguraban esto, al comentar un amparo que se limitó a garantizar la realización de la segunda vuelta.
La misma diputada Reyes, exigió la resolución favorable a Semilla desde la perspectiva política y emotiva, apelando a que suspender la personería jurídica “estaría violentando la voluntad popular” y asegurando que se trata de una persecución política.
Dicha afirmación fue reforzada por la legisladora electa asegurando que “otras agrupaciones hicieron lo mismo, pero no fueron perseguidas”, con lo que reconoce implícitamente que Semilla sí se constituyó con firmas alteradas, pero que el delito se modera con los votos de dos millones de personas y la comisión del mismo crimen por otros partidos que no son investigados, ni por el MP ni por el TSE.
En cuanto a por qué se llevó el tema a lo penal y la Fiscalía Especial Contra la Impunidad investigó un caso que correspondía al TSE y Delitos Electorales, Rafael Curruchiche explicó anteriormente que la FECI se hizo cargo de este tema ya que las denuncias originales datan de 2019 y ni el TSE ni la Fiscalía de Delitos Electorales tomaron cartas en el asunto, por lo que al delito se le sumó la impunidad, que sí corresponde a la FECI y al ramo penal.
La misiva de la discordia no ordena nada al Congreso, sino se limita a informar a su presidente, Shirley Rivera, para que tome la decisión que considere pertinente.
