El Estado como empleador: una maquinaria que crece sin rumbo
El debate sobre el Presupuesto 2026, fijado en Q163 mil millones, vuelve a poner en el centro una vieja contradicción: el Estado guatemalteco se plantea, en los hechos, como el mayor generador de empleo del país, aunque esa nunca ha sido —ni debería ser— su función principal.
Redacción
El crecimiento desmedido de ministerios, secretarías, direcciones, viceministerios y entidades paralelas ha creado una maquinaria que no solo absorbe recursos financieros, sino también a una creciente masa laboral. Cada nuevo gobierno promete modernización y eficiencia, pero la realidad muestra lo contrario: más plazas, más burocracia y mayor peso de los sindicatos, que terminan siendo actores políticos capaces de bloquear reformas o condicionar decisiones.
Los datos son reveladores. En lugar de destinar los aumentos presupuestarios a inversión productiva o infraestructura, una parte considerable se diluye en salarios, pactos colectivos y contratación temporal.
De acuerdo con la Contraloría General de Cuentas reporta que el Estado tiene más de 450,000 empleados, cifra que no incluye a colaboradores municipales. Sin embargo, un análisis del Crees revela que para septiembre de 2024 el número ascendía a 738,745 empleados públicos, señalando un crecimiento continuo del empleo estatal. En conclusión, el total de empleados del Estado en Guatemala oscila entre aproximadamente 300,000 y casi 740,000 personas.
El Ministerio de Educación, por ejemplo, consume más del 80 % de su presupuesto en pago de maestros y personal administrativo, mientras su ejecución en programas de calidad educativa sigue siendo baja. Lo mismo ocurre en Salud, donde la mayor parte de los recursos se van en funcionamiento y no en mejorar hospitales o servicios.
Esta tendencia genera un doble problema: por un lado, un gasto público que crece cada año a costa de mayor deuda y presión tributaria; por otro, un aparato estatal que en lugar de ser ágil y estratégico, se convierte en un empleador masivo con baja productividad. El resultado es una paradoja: más presupuesto, pero menos impacto real en el desarrollo.
La propuesta de Q163 mil millones para 2026 refleja esta inercia. En un país con limitadas fuentes de ingreso, el incremento del gasto corriente y el fortalecimiento de las nóminas estatales alimentan la desconfianza ciudadana y confirman que el verdadero objetivo no es mejorar servicios, sino sostener a una estructura que se ha vuelto insaciable.
