El doble discurso del “cambio”: Goyo Saavedra, contratista recurrente del Estado
El “cambio” también paga bien. Mientras hacía campaña para la elección del CANG para integrar la Comisión del TSE y se presentaba como la opción de la renovación, Goyo Saavedra cobraba Q35 mil mensuales como asesor legal de la Empresa Portuaria Quetzal y solo en los últimos dos meses de 2025 se embolsó Q70 mil.
Redacción
La planilla 4, Unidad por la Democracia que avanzó a la segunda vuelta de la elección del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) para designar representantes ante la Comisión de Postulación del Tribunal Supremo Electoral (TSE), se promociona como una propuesta de “renovación”.
Sin embargo, el discurso del cambio tropieza con los perfiles que la integran: Gregorio José Saavedra Zepeda y Edgar René Ortiz Romero, ambos con trayectoria conocida y conexiones políticas que los alejan de cualquier idea de independencia real frente al poder.
El caso de Goyo Saavedra resulta especialmente ilustrativo del doble discurso. Mientras se presenta como un actor “nuevo” en un proceso decisivo para el control del sistema electoral, Saavedra mantuvo contratos con instituciones del Estado, incluida la Empresa Portuaria Quetzal, en los últimos meses de 2025 con un contrato de Q70 mil por dos meses. Justo antes del arranque de la elección gremial del 5 de enero de 2026.
Los registros oficiales de Guatecompras y planillas de pago confirman que Goyo Saavedra, no es un recién llegado al aparato estatal. Por el contrario, figura como contratista del Estado desde al menos 2016, con adjudicaciones acumuladas que superan los Q720 mil, incluyendo contratos durante distintos gobiernos.
Cabe resaltar que Saavedra no camina solo. Forma bloque con otros actores identificados con el oficialismo y responde a una línea política del grupo de poder detrás del extinto Movimiento Semilla, clave en el entramado que hoy busca reposicionarse bajo el discurso de renovación institucional.
A esto se suman vínculos familiares de Saavedra con miembros del actual gobierno, un detalle que profundiza el cuestionamiento sobre conflictos de interés y uso estratégico del Estado.
Así, la planilla que promete fiscalizar al poder desde la Comisión del TSE termina vinculada por contratos, relaciones y tiempos al Estado.
Mientras tanto, el presidente Bernardo Arévalo ha recurrido a la cadena nacional y a recursos institucionales del Ejecutivo para fijar narrativa, advertir “riesgos” y marcar postura frente a procesos que, en teoría, deberían ser autónomos.
El mensaje público de Arévalo habla de democracia y transformación; los hechos revelan movimiento de alfiles, operadores con contratos y redes que ya conocen el terreno.
