Ejecutivo defiende a Diego de León
La protección que el gobierno de Arévalo ofrece a Diego de León desafía las normas del debido proceso. A pesar de las denuncias y la resolución judicial, el mensaje del gobierno es de respaldo total.
Redacción
El pasado 17 de octubre, la Corte Suprema de Justicia resolvió quitar la inmunidad a De León, quien está acusado de incumplimiento de deberes en relación con el incendio en el vertedero de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán (Amsa).
A pesar de esta resolución, el gobierno de Bernardo Arévalo a través de la la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia no tardó en salir en su defensa, argumentando que no existe «ningún delito» cometido por el gobernador ni por otras autoridades implicadas.
“El gobernador hará valer sus derechos por medio de los recursos legales a su disposición”, afirmó la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia. El mensaje es claro: el Ejecutivo está tomando partido y parece buscar desacreditar las acusaciones antes de que el proceso judicial siga su curso.
La defensa pública del gobierno, esconde un mensaje implícito de que el debido proceso es secundario cuando se trata de figuras cercanas al poder. De León, por su parte, ha presentado un amparo ante la Corte Suprema de Justicia, buscando revertir la decisión que le retiró la inmunidad.
Por su parte, el Ministerio Público no ha emitido un pronunciamiento sobre las acciones que tomará en este caso, lo que deja abierta la posibilidad de que el sistema de justicia termine favoreciendo a De León sin una investigación adecuada.
El gobierno asegura que las autoridades actuaron “oportunamente y diligentemente” en el caso del vertedero, pero el discurso de defensa a ultranza deja entrever una clara intromisión en los procedimientos judiciales.
En lugar de garantizar la imparcialidad y la transparencia, el Ejecutivo parece haber adoptado una postura que cuestiona la independencia de los órganos encargados de impartir justicia.
Polémico nombramiento
El nombramiento de Diego de León como gobernador departamental de Guatemala ha generado controversia desde el inicio. Su falta de experiencia y cuestionamientos sobre sus aptitudes para el cargo han sido tema de debate.
Ahora su situación se agrava con la decisión de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de retirarle la inmunidad.
