Diputados impulsan ley que permitiría ejecutar obras sin licitación y con menos controles
Una nueva propuesta de ley presentada por diputados del desaparecido partido Semilla ha generado preocupación por sus implicaciones en la fiscalización del gasto público. La iniciativa, titulada Ley de Agilización de la Inversión Pública, permitiría ejecutar proyectos sin licitación, hacer pagos exprés a contratistas y reducir al mínimo los controles sobre obras financiadas por los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede), facilitando el uso discrecional de más de Q12 mil millones del presupuesto nacional.
Redacción
El proyecto fue presentado el 10 de julio por los congresistas Victoria Godoy y José Carlos Sanabria, quienes proponen declarar de “urgencia nacional” todos los proyectos de inversión considerados estratégicos. Bajo esta categoría, se incluirían todas las fases del proceso, desde preinversión hasta mantenimiento, y se permitiría adjudicar contratos de forma directa, sin procesos de licitación.
Agilidad sin transparencia
Uno de los elementos más cuestionados es el cambio radical en los procedimientos de contratación pública. La iniciativa eleva los montos permitidos para compras directas hasta Q200 mil, el doble del límite actual, y establece que solo los contratos superiores a Q2 millones requerirían licitación. Además, plantea plazos de pago exprés: en el caso de obras financiadas con fondos Codede, la unidad ejecutora tendría solo ocho días para pagar a contratistas tras recibir los fondos.
Entidades como la SAT, ministerios, municipalidades, Ferrocarriles de Guatemala y la Empresa Portuaria Quetzal también podrían suscribir convenios directamente con organismos internacionales como la UNOPS, el PNUD o el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE. UU., sin pasar por concursos públicos.
Además, la ley contempla la creación del Fondo para la Ejecución de Inversión Estratégica (Foinves), que sería administrado por el Crédito Hipotecario Nacional (CHN). Este fondo serviría para financiar obras como seis ciudades deportivas y nueve institutos regionales.
Codede sin frenos
El artículo 6 de la propuesta es especialmente preocupante para entidades públicas y de planificación. Establece que, si una institución no responde una solicitud en un plazo de cinco días hábiles, el trámite se considerará aprobado automáticamente.
Esta lógica de “silencio administrativo” también afectaría a Segeplan, cuyo aval técnico se daría por favorable si no emite respuesta en 20 días.
Esta disposición beneficia directamente a los diputados que impulsan proyectos Codede, quienes tendrían vía libre para ejecutar obras valoradas en más de Q7 mil 500 millones sin mayores obstáculos ni escrutinio técnico.
A pesar del discurso de eficiencia, la propuesta favorecería a quienes hoy controlan la ejecución de fondos Codede. Bajo este esquema, los proyectos quedarían prácticamente sin fiscalización. La Contraloría General de Cuentas, el Ministerio Público y el sistema judicial —ya debilitados— tendrían pocas herramientas para intervenir ante irregularidades.
