Diputados esquivan debate sobre aumento salarial
Pese a la indignación ciudadana por el aumento de más del 100% en sus sueldos, los diputados han optado por maniobras populistas en lugar de revertir la decisión desde el pleno. Mientras algunos han anunciado la donación de su salario a organizaciones benéficas, otros delegan la resolución a la Corte de Constitucionalidad (CC), retrasando el debate y evitando asumir responsabilidad política.
Redacción
Hasta el momento, el Organismo Legislativo aún no ha publicado la nómina de sueldos de febrero, pese a que, según estimaciones, el gasto en salarios pudo superar los Q10 millones. Expertos fiscales han exigido que el Congreso publique los datos exactos para evaluar el impacto del incremento en su presupuesto.
Mientras el tiempo pasa, el debate se estanca y los diputados continúan beneficiándose del alza salarial. Las donaciones y las dilaciones judiciales no sustituyen la responsabilidad política de revertir una decisión que ha sido ampliamente rechazada por la opinión pública.
El aumento, ratificado por la Junta Directiva del Congreso y pagado el 28 de febrero, elevó el salario de los legisladores de Q29 mil 150 a Q46 mil 700. Aunque la CC indicó que la decisión debía pasar nuevamente por el pleno, esto no ocurrió. En cambio, los diputados oficialistas han promovido iniciativas que simulan acción, pero que tienen pocas probabilidades de avanzar.
Los diputados independientes del extinto Movimiento Semilla anunciaron una iniciativa ley para cancelar el aumento, pero sin garantizar que sea leída o enviada a comisión. Al ser cuestionados, aseguraron que la CC debía resolver primero, argumentando que desde el pleno no podían hacer más. Sin embargo, existe la posibilidad de presentar una moción para que la decisión se discuta en el Congreso, presionando a los legisladores a pronunciarse públicamente.
Expertos legales explican que el Congreso tiene la facultad de revertir el aumento sin necesidad de esperar una resolución de la CC. Para ello, los diputados podrían presentar una moción para que el pleno someta a votación la anulación del incremento. Esto requeriría que una mayoría de legisladores apoye la propuesta y asuma una postura clara ante la opinión pública.
