Revitalice los poderes del Estado, presidente

Por Coronel Cecilio Peláez

El Estado de Guatemala fue organizado jurídica y políticamente, mediante la promulgación de su Ley Suprema, en ella se definen los tres poderes sobre los cuales se sustenta la nación, territorio, leyes y las instituciones que, con funciones específicas, deben contribuir a la protección de la persona y la familia así como la búsqueda del bien común, como fin supremo del Estado, y garantizar a los habitantes la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, La Paz y el desarrollo integral de la persona, a todos los nacidos en esta patria, sin importar religión, raza o credo político.

Cada uno de los tres poderes del Estado tiene sus propias funciones y si bien es cierto que no debe haber subordinación entre ellos, también lo es, que debe haber coordinación y comunicación entre ellos y sus instituciones privilegiando la gobernabilidad antes que el interés personal, para evitar que el sistema sea presa de la anarquía.

La actitud de Bernardo Arévalo, de aferrarse con uñas y dientes al poder, pisoteando instituciones y denominando enemigos de la democracia a quienes se niegan a cerrar los ojos ante la barbarie cometida en las últimas elecciones generales, que trajeron como corolario la imposición fraudulenta de este sujeto, abre claramente el camino a la ingobernabilidad y la anarquía por tratar de resolver un problema creado por sus jóvenes partidarios, carentes de responsabilidad y desconocedores del espíritu de la ley, que privilegian su interés personal sobre el institucional.

El Señor Arévalo no debió enfrentarse a la Señora Fiscal General. Por regla general, antes de iniciar una batalla se debe evaluar la propia fuerza y la razón. Ni él sumado a su grupo de asesores, le pueden dar la talla académica y experiencia en el conocimiento profundo de la argumentación legal a la Dra Consuelo Porras. Sus berrinches para defenestrarla, si es que llega al precio de los legisladores, no creo que cuajen en la Corte de Constitucionalidad, dada la calidad académica, ética y moral de sus magistrados.

Arévalo debió reconocer su debilidad política antes de sacar campesinos asalariados a lo que se le ocurrió llamar “defensa de la democracia” los guatemaltecos no somos bobos para creerle semejante equívoco.

El camino que un estadista hubiese tomado es el del diálogo político para consensuar una solución legal sin erosionar las instituciones del Estado, sin corromper más al ya corrupto empedernido congreso de la República y generando confianza entre la población que por ahora es su pecado capital.

Aún está a tiempo de dar muestras de humildad, reconocer sus errores y principiar a reducir la confrontación innecesaria para buscar un camino de reconciliación que reviva el prestigio de los poderes del Estado. El reciente acto público, en el que, sin ningún sentido, pidió disculpas en nombre de Guatemala por la desaparición de una poetiza, solo tiende a profundizar confrontaciones ideológicas ya superadas. Todos lamentamos su ausencia, a todos nos duele, como nos duele el sacrificio de tantas otras victimas de sus propios compas por venganzas espurias de sus “tribunales revolucionarios”.