Anarquía vial

Por Coronel Cecilio Peláez

Los accidentes en carretera se han multiplicado cada día más.

No hay autoridad.

La Dirección General de Transportes fue puesta a cargo de nueva administración hace pocos meses, llamó la atención qué, una semana más tarde, en conferencia de prensa la nueva directora sacara a lucir los trapitos sucios de esa entidad gubernamental, dentro de ellas, la acumulación de más de seis mil expedientes sin trámite.

La poca efectividad de esa institución en el control del transporte extra urbano tiene una explicación: esos seis mil expedientes corresponden, en su mayoría, a solicitudes para establecer líneas de transporte público, las cuales no se agilizan y solamente se les otorga una certificación -renovada periódicamente previo pago- donde consta que la solicitud está en trámite. Mantener ese estatus incluye el deber de pagar, por cada bus, 500 mensuales sin comprobante de ingresos (mordida que le dicen).

Quienes no tengan tal documento son sujetos de decomiso del vehículo y cancelar multa de 10,000 quetzales.

Dentro de este sistema, PNC y PMT también obtienen su tajada.

El resultado lo tenemos a la vista, conductores abusivos que irrespetan la ley y la vida de las personas, conductor que compran licencia sin tener la habilidad y conocimientos de su seria responsabilidad y a ello se han sumado miles de tuctuqueros repletos de personas y conducidos por menores de edad en carreteras nacionales.

Por otro lado, el ministerio de Gobernación coloca docenas de puestos de registro a lo largo de las carreteras, sin embargo el tráfico de narcóticos no se detiene, cuando denuncian captura de droga no aparece el dueño, circulan en la ciudad y en rutas docenas de motos sin placas, vehículos particulares con gente portando armamento cuyo uso y tenencia corresponde exclusivamente a fuerzas de seguridad, así como circulan buses con sobrecarga de pasajeros y trailers con carga fuera de balance que dan paso a accidentes graves continuamente.

¿Cual es la respuesta?

Los funcionarios de este gobierno han aprendido de los anteriores, los procedimientos de corrupción. Pero los han mejorado.
El reparto de los contratos de mantenimiento vial entre diputados distritales que solamente se ejecuta en papeles, agrava las condiciones de traficabilidad y provoca accidentes graves.

Urge eliminar este sistema de corrupción e impunidad.

Urge crear la Superintendencia de Vialidad, administrada por un directorio, que cuente con una intendencia de mantenimiento vial y otra que se responsabilice del cumplimiento de la Ley de Tránsito y su Reglamento.