Desalojo fallido en Río Hondo revela incapacidad de Mingob
El desalojo violento en Santa Rosalía de Mármol expone la incapacidad de las fuerzas de seguridad, bajo responsabilidad del ministro Francisco Jiménez, para manejar conflictos en comunidades.
Redacción
El operativo ejecutado el 29 de julio por la Policía Nacional Civil (PNC) en Río Hondo, Zacapa, terminó en tragedia. Tres personas murieron —un agente de las fuerzas especiales y dos comunitarios— en una intervención que, lejos de garantizar el cumplimiento de una orden judicial, reveló la incapacidad del Estado para operar en zonas de conflicto sin escalar la violencia.
El Ministerio de Gobernación aseguró que el operativo respondía a una orden del juzgado para permitir el ingreso de maquinaria de la empresa hidroeléctrica Inversiones Pasabien, S.A..
Sin embargo, desde el inicio fue evidente que las condiciones eran de alto riesgo. Aun así, la PNC avanzó sin una estrategia clara de contención o diálogo, exponiendo tanto a sus agentes como a la comunidad a un enfrentamiento fatal.
Durante la diligencia, los agentes fueron recibidos con disparos desde posiciones elevadas. El resultado: el agente Erick Everildo Sacul Xul murió por una herida de bala en el tórax, y dos miembros de la comunidad también perdieron la vida en circunstancias aún poco claras.
Una operación fallida
Más allá del parte oficial, lo ocurrido en Santa Rosalía de Mármol es el reflejo de una estructura policial que no cuenta con capacidad táctica, operativa ni de inteligencia para enfrentar situaciones de este tipo sin perder el control.
La misión era garantizar el ingreso pacífico a una propiedad privada con maquinaria, pero derivó en un desalojo violento sin garantías para ninguna de las partes. La Policía actuó mal, sin estrategia y sin la menor previsión ante un contexto social claramente explosivo.
Un ministro que se lava las manos
En lugar de asumir la responsabilidad institucional y política de este operativo fallido, el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, ha optado por guardar silencio y escudarse tras el cumplimiento de una orden judicial.
Se repite el patrón: Jiménez aparece con firmeza cuando se trata de señalar fallas de subordinados —como en el reciente caso de los agentes que abandonaron un velorio en zona de riesgo—, pero desaparece cuando los errores tienen un costo político mayor y manchan directamente a su gestión.
El saldo de este operativo no puede explicarse solo como “cumplimiento del deber” o como una tragedia inevitable. Es la consecuencia de una política de seguridad improvisada, donde se privilegia el uso de la fuerza sin evaluar las condiciones del territorio ni dialogar con las comunidades.
