Denuncian a Palomo por encabezar campaña para silenciar críticas ciudadanas
Santiago Palomo fue denunciado por presunto abuso de autoridad al usar medios oficiales para desacreditar a críticos del Gobierno. Juristas advierten que sus publicaciones constituyen represalias institucionales y censura, al emplear recursos públicos para silenciar voces ciudadanas.
Redacción
La abogada Nadia Castellanos Maldonado, conocida por su presencia en redes sociales como “Abogada Castellanos GT”, presentó una denuncia penal contra el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Santiago Palomo, por presunto abuso de autoridad.
Según Castellanos, el funcionario utilizó recursos estatales para producir y difundir un video oficial con el objetivo de desacreditarla públicamente, luego de que ella expresara críticas sobre el levantamiento de la reserva al artículo 27 de la Convención de Viena.
El video de Palomo fue publicado a través de canales institucionales del Gobierno, lo que —a criterio de la abogada— constituye un uso indebido de medios oficiales para responder con burla a ciudadanos que ejercen su derecho a la libre expresión.
Castellanos calificó la acción como un acto de censura, mientras Palomo justificó la publicación asegurando que el material tenía fines informativos y negó que se tratara de una represalia. El caso ha reavivado el debate sobre los límites éticos del discurso gubernamental y el uso de fondos públicos para confrontar voces críticas.
El abogado Omar Barrios lanzó una dura crítica al respecto en su cuenta de X:
“El Gobierno efectúa represalias contra ciudadanos usando los recursos públicos y medios de comunicación oficial para atacar a quienes ejercen la libre emisión del pensamiento y explican a la opinión pública la violación al orden constitucional efectuada por Bernardo Arévalo y sus asesores.”
Según Barrios y otros analistas, el Gobierno ha difundido información tergiversada sobre dicha reserva para encubrir una decisión tomada sin el debido conocimiento de la ciudadanía. “Guatemala nunca rechazó el artículo 27 ni justificó el incumplimiento de tratados; lo que hizo fue una reserva interpretativa legítima, conforme a su Constitución”, sostuvo Barrios.
A pesar de la denuncia y las crecientes críticas, Palomo ha defendido su accionar, insistiendo en que su único objetivo ha sido informar. Sin embargo, su reiterado uso del aparato comunicacional del Estado para responder, ridiculizar o contradecir a ciudadanos plantea serias dudas sobre los límites entre la vocería institucional y la persecución desde el poder.
