Del “Pacto de corruptos al Pacto de la Primavera”
En 2017, un grupo de diputados corruptos, entre quienes estaba Orlando Blanco, intentaron modificar la ley para evadirla, especialmente en cuanto a señalamientos de «financiamiento electoral ilícito» promovidos por la alianza Thelma Aldana-CICIG. Hoy, sorpresivamente, la bancada oficialista (independiente porque es un comité pro formación sin personería jurídica), anunció que pretenden reformar otra ley, al igual que el «Pacto de Corruptos», para evitar que dicha ley se aplique en su contra.
Redacción
Con mucha frescura primaveral, la diputada Andrea Villagrán (TODOS; BIEN; Semilla y hoy independiente), anunció en su cuenta de X que la «bancada Semilla» presentó una reforma presentó una reforma «A la Ley contra la Delincuencia Organizada para que en el futuro ningún juez suspenda y vulnere los derechos de organizaciones públicas, como partidos y universidades».
¿Cinismo, ingenuidad o desconocimiento absoluto de las normativas vigentes? Aunque la diputada aún es relativamente joven, este es su tercer período en el Congreso, donde transitó por dos bancadas antes de convertirse al feminismo y la ideología de género.
La pretensión no difiere absolutamente nada en la fallida reforma al Código Penal que buscaron Blanco y otros diputados en 2017, para evitar que el delito de «financiamiento electoral ilícito» los alcanzara.
Aunque el grupo lograra reformar la Ley Contra la Delincuencia Organizada (una de tantas propuestas de Aldana-CICIG), en Guatemala todavía existen la Ley Electoral y de Partidos Políticos, así como el Código Penal. Y en la LEPP está claro que los delitos penales que puedan cometer los partidos y comités pro formación se regulan según el Código Penal.
Y falsificar firmas para inscribir una organización, es evidentemente un gravísimo delito.
¿Cambiar la ley para recuperar su partido?
La iniciativa busca modificar específicamente el artículo 82 de la ley, que permite la suspensión provisional de inscripciones de personas jurídicas, incluyendo partidos políticos, cuando hayan sido utilizadas para cometer hechos ilícitos.
Los legisladores argumentan que la actual redacción de la ley puede ser usada de manera arbitraria para limitar los derechos de organizaciones de alta trascendencia pública, desde partidos hasta universidades. Proponen clarificar en la normativa que los partidos políticos y otras entidades de derecho público no deben ser sujetos a esta suspensión.
Andrea Villagrán, una de las ponentes, señaló que la intención es recuperar la personería jurídica del partido y destacó que, según el análisis jurídico del grupo, la modificación aplicaría retroactivamente. Además, expresó la intención de incluir la iniciativa en la siguiente sesión del pleno y buscar su aprobación de urgencia nacional, aunque reconoció que por el momento no cuentan con los votos necesarios para ello.
Una moral elástica…o amoralidad total
Para el grupo de «izquierda rosa» que campea en el Congreso fingiendo que no fueron suspendidos por orden judicial, falsificar firmas para inscribirse, contratando a una empresa que cobraba Q.7 por cada firma obtenida sin importar la procedencia, no es un delito.
Tampoco consideran delictiva la colusión de empleados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que fingieron o no quisieron revisar la legitimidad de las firmas (entre estas, varias de difuntos).
Llaman espurio al caso Corrupción Semilla, que el Ministerio Público sigue investigando, pero no vacilan en legislar para favorecerse y ocultar su presunto delito, convirtiéndose de esta forma en la nueva edición del «Pacto de Corruptos», hoy con el nombre más adecuado de «Pacto de la Primavera».
