Declaraciones de Arévalo ponen en riesgo independencia de los jueces
Las recientes declaraciones del presidente Bernardo Arévalo, en las que califica el encarcelamiento de José Rubén Zamora Marroquín como un ejemplo de corrupción y abuso de poder del Ministerio Público (MP), no sólo parecen amenazar la independencia judicial, sino que también generan una inquietante interferencia en el sistema judicial guatemalteco. En lugar de fortalecer la justicia y la equidad, estas acciones podrían socavar los fundamentos mismos de la democracia y el estado de derecho en Guatemala.
Redacción
Arévalo denuncia que el proceso está plagado de inconsistencias, sugiriendo que se trata de una maniobra para criminalizar a Zamora Marroquín. Sin embargo, estas afirmaciones no sólo parecen ignorar las decisiones judiciales ya tomadas, sino que también plantean serias preocupaciones sobre la independencia de los jueces y el respeto al debido proceso.
A lo largo de su mandato, Arévalo ha sido señalado de injerencia en el sistema judicial, una preocupación que ha sido expresada por la Corte Constitucional, el Ministerio Público y varios expertos en Derecho.
Estos organismos han alertado sobre intentos de influir en la administración de justicia y desviar la atención de las condenas firmes y las investigaciones en curso. En este contexto, las críticas del presidente Arévalo parecen más un intento de manipulación que un apoyo a la integridad del proceso judicial.
Caso Zamora
José Rubén Zamora ha enfrentado varios casos legales en los últimos años. El 14 de junio de 2023, casi un año después de su captura, el Tribunal Octavo de Sentencia Penal lo condenó a 6 años de prisión y una multa de Q300 mil por lavado de dinero. Sin embargo, la sentencia fue anulada.
El 15 de mayo de 2024, el Tribunal Noveno de Sentencia le otorgó libertad condicional, aunque sigue encarcelado debido a otros dos procesos en su contra. El Ministerio Público ha presentado nuevos cargos contra él y sus abogados Mario Castañeda y Romeo Montoya por obstrucción de justicia y uso de documentos falsificados.
