De loros canadienses, injerencia abusiva y falsas promesas
Hace unos días, la Liga pro Patria divulgó un comunicado en el que califica a las autoridades canadienses como “loros” El símil no pudo ser mejor, ya que describe a cabalidad la actitud de un gobierno que, sin tener autoridad alguna en Guatemala, imita las acciones del Departamento de Estado de Biden, que no solo desconoce por completo las leyes y procedimientos de Guatemala, sino que evidentemente, desprecia nuestra Constitución Política, identidad y normativas.
Esto, aunque el nuevo embajador “gringo”, Tobin John Bradley, insista en afirmar que este es “su nuevo hogar” y se tome el trabajo de cargar en una procesión católica, junto al globalista alcalde metropolitano.
En su texto, la Liga pro Patria detalla claramente cómo se gestó el fraude electoral en Guatemala, avalado por EE.UU. y organizaciones financistas de ONG´s locales, como los 48 Cantones que sembraron la inquietud, temor y escasez durante cerca de 100 días, para retirarse en silencio, luego de que se garantizó la toma de posesión presidencial y aunque su demanda insistente: la renuncia de la Fiscal General Consuelo Porras, no se cumplió.
Según el comunicado en mención, la acción de Canadá expone la desesperación de Biden “para impedir la aplicación de la ley y mantener a Arévalo en el poder”. Al respecto, el juzgado que recibió la solicitud de retirar antejuicio a Arévalo, ya se inhibió como ordena la ley, y lo trasladó a la Corte Suprema de Justicia, que deberá decidir si procede una investigación al ex diputado.
La Fundación Contra el Terrorismo (FCT), que interpuso la denuncia, expresa que “ojalá la CSJ no se deje amedrentar por la embajada estadounidense y cumpla la ley”. Si la corte actúa conforme a derecho, seguramente Arévalo quedará sin inmunidad y habrá una investigación en su contra, por abuso de autoridad, acción delictiva en tiempo continuado y nombramientos ilegales a sabiendas.
Arévalo está en una encrucijada compleja. Por una parte, debe enfrentarse a la gestión gubernamental, con varias tareas ingratas, entre otras el nombramiento de gobernadores. Por otra, debe cumplir sus promesas de campaña. No sólo las de rigor, que seguramente lo tienen comprometido con diversidad de grupos (desde los Cantones y Codeca a poderosos empresarios y países extranjeros.
Otro elemento que lo perjudica es la constante confrontación con la Fiscal General, a quien ahora señala de transgredir la ley porque no accedió a participar en una reunión gubernamental a la que, según las leyes vigentes, el Fiscal General no debería asistir. En este caso, Porras fue quien cumplió una normativa que Arévalo, alegremente, pensaba desestimar, tal como sus diputados hacen en el Congreso constantemente. Y esta ligereza para pasar sobre las leyes, podría pasarle una gran factura en el futuro al oficialismo.
Arévalo puede resultar especialmente afectado si no cumple con las promesas que les hizo a los guatemaltecos. Entre estas, ofreció reducir su sueldo de Q148,838 para luego quedarse en silencio y ahora, afirmar que lo reducirá en mayo, ya que hay “ajustes” por “instituciones al alza “, frase críptica para exponer que no está pensando en bajarse el sueldo. Y esta probablemente será la mayor de las facturas para la popularidad ya muy precaria, del régimen “primaveral” con toques de bipolaridad, ya que por una parte exhibe su añoranza de la “Primavera del 44”, derrocada con apoyo del “imperio norteamericano” y por otra, tiene a dicho imperio no como aliado, sino como un director, por no decir gerente, o más adecuadamente, autoridad supranacional.
