De corruptos, imprecisiones y censuras
Antes de mencionar el término «Pacto de corruptos», tan manoseado y resobado que sirve como insulto para casi cualquiera (incluyendo a no funcionarios), es obligación recordar qué fue el Pacto de corruptos y quiénes eran sus protagonistas.
En septiembre de 2017, los diputados se confabularon para reformar el Código Penal y además, protegerse de la persecución por financiamiento electoral ilícito. Aunque al final esto no se realizó, los presuntos corruptos no tuvieron consecuencias, aunque el mote quedó «escrito en piedra». Hoy, varios de los que integraron el llamado «pacto», son sus principales detractores y enarbolan la bandera de la «primavera democrática», sumándose con mucho entusiasmo a las exhortaciones de «la embajada» y al llamado al pragmatismo que Samuel Pérez les hizo y hoy reiteró ante los medios.
Según Pérez, ubicarse del «lado correcto» les permitirá a los «ex corruptos», «sacar réditos políticos». Entre otros personajes que otrora eran considerados el summum de la corrupción por la izquierda pero hoy son paladines de la democracia, en el Congreso, están Orlando Blanco, uno de los que en 2017 tenía antejuicio por financiamiento electoral ilícito; José Inés Castillo, uno de los mayores defensores del «pacto» en 2017, quien pasó de LIDER a la UNE de donde ya fue expulsado; Karina Paz, catalogada como «parte del pacto de corruptos» por la izquierdista Prensa Comunitaria, y muchos más, entre ellos personajes folclóricos pero siniestros, como el apodado «Tres Kiebres» y el flamante presidente del Congreso, que en 2017 era condenado por las feministas y ONGs de izquierda, por ser el jefe de la PNC que tenía a sus cargo a los agentes policíacos implicados en el caso Hogar Seguro, pero hoy es el ungido por el pragmatismo y la obediencia a la «embajada».
Con aliados semejantes, por ambiciosos que sean, Semilla tendrá un panorama harto difícil de controlar, ya que la inmensa mayoría de los que tienen el triste honor de ser fundadores del «Pacto de corruptos», incluyendo a Mario Taracena, (del que se dice sigue en las sombras como asesor de Semilla), son multi tránsfugas cuya única ideología es precisamente, el «rédito político» tan acertadamente mencionado por Pérez en su entrevista.
En cuanto a las imprecisiones, resalta la misiva que Bernardo Arévalo le mandó a la Fiscal General Consuelo Porras. Evidentemente, como mandatario e incluso como ciudadano, tiene todo el derecho del mundo a escribirle cartas en el tono que desee a la Fiscal y a cualquier otro funcionario.
Lo que no puede Arévalo en ningún caso, es tratar de fiscalizar la labor investigativa del Ministerio Público, que es un ente autónomo. Tampoco puede presionar para que el Estado guatemalteco reparta dinero a supuestas víctimas de casos sucedidos durante el enfrentamiento armado, por los cuales la CIDH ordenó jugosas remuneraciones para quienes no vacilan en lucrar con las tristes historias de sus difuntos, quienes haciendo un paréntesis, en su mayoría eran combatientes guerrilleros que se sentirían muy ofendidos al saber que sus hijos y nietos pretenden sacar «lucro cesante» al Estado y por medio de un organismo internacional que la guerrilla marxista repudiaba.
Por otro lado, en el tema del resarcimiento, Guatemala (que al firmarse la paz había decretado cerca de 20 amnistías a la guerrilla), ya erogó miles de millones, sin que un solo centavo se haya destinado al bienestar de las comunidades indígenas, si bien muchos descendientes de guerrilleros muertos en combate (o capturados), exhiben un modo de vida similar al que sus padres combatían, imitando a la burguesía que sus muertos quisieron erradicar.
Finalmente y muy preocupante es la censura, que comienza a despuntar con más fuerza en el discurso de cuentas de redes que muchas veces tienen entre 0 y 30 seguidores, aunque actúan como enjambres para tratar de cerrar cuentas «enemigas», pero que seguramente no logrará callar a ningún guatemalteco de bien que siga defendiendo la vida desde su concepción, la patria, la familia y especialmente, la libertad individual irrestricta.
Personajes que se presumen literatos ya emprendieron campañas de desprestigio contra voces que discrepan con sus narrativas impostadas desde el exterior, con la prepotencia y aires de superioridad moral que caracterizan a los dogmáticos. Empero, Guatemala todavía tiene vigente el artículo 35 en su Constitución Política.
El panorama parece complejo pero todo pinta a que el caos y la improvisación serán banquetes de información digna de desmenuzarse para todos los que, alejados del pragmatismo político y el afán enfermizo por un puesto en el Estado, analicen (hoy o dentro de 20 años), la coyuntura que inició el 14 de enero, con una toma de posesión tan poco convencional que pareciera fruto de una comedia de aquellas que en los 80s, exhibía el teatro de la Universidad Popular.
