Corte de Constitucionalidad concede amparo a Karin Herrera
La Corte de Constitucionalidad ha concedido este jueves un amparo a la vicepresidenta electa, Karin Herrera, después de que su equipo legal presentara una solicitud ante la posibilidad de que el Ministerio Público emita una orden de captura en su contra.
Por dpa
Karin Herrera obtuvo un recurso de amparo que previene una posible orden de captura en su contra. Herrera fue señalada por el Ministerio Público, el pasado mes de noviembre de incitar las protestas que se produjeron en la Universidad de San Carlos (Usac) en abril de 2022 contra el proceso de elección de un nuevo rector de la institución.
«A prevención, se otorgó el amparo provisional solicitado. Por lo que se ordena a todas las autoridades denunciadas se abstengan de solicitar y autorizar cualquier orden de aprehensión en contra de Karin Larissa Herrera Aguilar en calidad de vicepresidente de la República de Guatemala», ha indicado en un comunicado.
Asimismo, la Corte ha reafirmado «su compromiso por continuar prreservando el orden constitucional y el Estado de Derecho». El organismo ha remitido una copia de la decisión a la sala cuarta de la Corte de Apelaciones de la rama penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente «para que continúe con el trámite».
La Fiscalía guatemalteca acusó a Herrera el pasado mes de noviembre de incitar las protestas que se produjeron en la Universidad de San Carlos (Usac) en abril de 2022 contra el proceso de elección de un nuevo rector de la institución.
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
Por otro lado, la Fiscalía guatemalteca ha emitido cuatro órdenes de captura contra los cuatro magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que perdieron la inmunidad por la compra fraudulenta de un programa informático para las últimas elecciones.
En concreto, los afectados son la expresidenta del organismo Irma Palencia –por un supuesto abuso de autoridad y fraude–, así como los magistrados Mynor Franco, Gabriel Aguilera y Rafael Rojas, según ha recogido el diario ‘La Prensa’.
La Fiscalía argumenta que la compra del programa se realizó por un valor de 148 millones de quetzales (17,9 millones de euros) pese a que había otra oferta menor «que hubiera permitido ahorrar 34 millones» (4,1 millones de euros).
Guías:
