Convenio MSPAS-UNOPS: ¿opaco y discrecional?
UNOPS, «expertos en adquisiciones transparentes», no tendrá fiscalización de la Contraloría General de Cuentas para que Guatemala pueda auditar el destino de los US$900 millones que contempla el acuerdo. Esto, a pocos días de que varios países del mundo entreguen la soberanía de la salud a la ONU, a través del ominoso Tratado de Pandemias.
Redacción
Ayer, los diputados de Creo Cristian Álvarez, Luis Contreras y José Mendoza, de Creo, citaron al ministro de Salud y otros funcionarios del MSPAS, para conversar sobre el contrato firmado entre el ministerio y la UNOPS, Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, por un monto de US$900 millones que se ejecutarían en 47 meses y estarían destinados a la compra de medicamentos, supervisada por el ente de la ONU pero no por la Contraloría General de Cuentas, reconoció el ministro.
Según Cordón, «todas las compras serán publicadas para que sean conocidas, pero no podrán ser auditadas por la Contraloría General de Cuentas».
Entre 2016 y 2023, UNOPS asesoró al IGSS en la compra de medicamentos, y según el informe de dicha oficina, la satisfacción de los pacientes del seguro guatemalteco fue del 95% de satisfacción de los pacientes renales, según encuesta de la UNOPS, cuyo informe también asegura que el IGSS fue dotado con tecnología de punta y medicamentos baratos de alta calidad y se habría optimizado la calidad del servicio de salud para los más de tres millones de afiliados.
Queda como duda el por qué la Contraloría General de Cuentas no tiene potestad para investigar las transacciones supervisadas por UNOPS, que sería el ente rector de la transparencia en adquisición de medicinas por parte de Guatemala.
Por otra parte, algunos comentarios en redes cuestionan que el hermano de Bernardo Arévalo, Martín Arévalo, sea representante de UNOPS en Costa Rica. Arévalo, quien es químico, tiene varios años trabajando para esa oficina de la ONU.
Si Guatemala llegara a ratificar el Tratado de Pandemias, la salud pública del país quedaría a entera disponibilidad de la ONU, ente que promovió la vacunación experimental y las medidas represivas durante la «pandemia de coronavirus».
