Consuelo Porras denuncia amenazas y ataques sistemáticos del gobierno de Arévalo
El Ministerio Público presentó ante la Corte de Constitucionalidad (CC) la solicitud de debida ejecución de la resolución de amparo provisional otorgado el pasado 8 de mayo. Esta medida se tomó en respuesta a la desobediencia e incumplimiento por parte del Presidente de la República, César Bernardo Arévalo de León, de la orden emitida por la Corte.
Redacción
El amparo, presentado el 5 de mayo por el ente investigador detalla la amenaza real, cierta e inminente de que el presidente continúe tomando medidas políticas, financieras y presupuestarias arbitrarias e ilegales, así como promoviendo acciones que podrían incitar a la violencia y poner en peligro la integridad física y la vida de la Fiscal General y jefe del Ministerio Público, Dra. María Consuelo Porras Argueta, así como de otros funcionarios de la institución.
A través de un video publicado en las redes sociales del MP, la Fiscal General expresó su preocupación ante las acciones del mandatario. En un fuerte pronunciamiento, Consuelo Porras recordó al presidente que «nadie es superior a la ley» y que es su deber respetarla y cumplirla.
Asimismo, Porras instó al presidente a dejar de mentirle a la gente, “ser serio y trabajar por el bienestar del pueblo”. Subrayó la necesidad de mejorar la economía, respetar los derechos humanos, reparar las carreteras, y garantizar la educación y velar por el desarrollo de cada familia guatemalteca. «Sea proactivo, sea responsable y cumpla con lo que el pueblo necesita», concluyó Porras.
La Fiscal General también hizo un llamado a los guatemaltecos para que no se dejen engañar por lo que describió como «un grupo de personas malintencionadas» que buscan tomar el control del Ministerio Público para evitar ser investigados. Aseguró que no ha habido ningún atentado contra la democracia, que el padrón electoral no ha sido secuestrado y que los datos no están siendo vulnerados.
En cuanto a las observaciones preliminares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Porras criticó al presidente por recibirlas con beneplácito. Señaló que, en lugar de privilegiar los derechos humanos de toda la población, está protegiendo a un pequeño grupo de personas procesadas por delitos. Mientras ignora a las más de 500 mil víctimas que anualmente presentan denuncias ante el Ministerio Público.
«¿Será esto respeto a los derechos humanos? ¿Esto será justicia? O simple y sencillamente hay que defender a los que cometen delitos y no a las víctimas de los delitos», cuestionó Porras.
CC debe garantizar la debida ejecutoria
Finalmente, la Fiscal General denunció un patrón sistemático de ataques por parte del gobierno de Arévalo en contra del Ministerio Público. Subrayó la importancia de defender la autonomía e independencia institucional del MP y pidió a la Corte de Constitucionalidad que garantice la debida ejecución del amparo provisional para proteger la integridad de la institución y sus funcionarios.
En el documento presentado a la CC, el MP solicita la remoción de tres funcionarios del Ejecutivo que han emitido críticas públicas contra la gestión de la Fiscal General, tanto en redes sociales como en medios de comunicación.
Los funcionarios mencionados son el secretario general de la Presidencia, Juan Guerrero Garnica; el procurador general de la Nación, Julio Saavedra; y el ministro de Finanzas, Jonathan Menkos.
El MP sostiene que estos funcionarios han incumplido el amparo provisional emitido por la CC el 7 de mayo de este año. Este amparo fue concedido en el contexto de la propuesta de reforma a la Ley Orgánica del MP presentada por el presidente Bernardo Arévalo
