Congreso hipotecó al país con US$1,350 millones en nuevos préstamos
Los cinco préstamos aprobados de madrugada suman US$1,350 millones y comprometen el futuro fiscal del país en áreas que van desde infraestructura rural hasta sustitución de deuda, en un proceso cuestionado por falta de debate y transparencia.
Redacción
El paquete incluye créditos para infraestructura, electrificación, digitalización del Estado y financiamiento de caja, lo que ha encendido alertas sobre el impacto fiscal y la sostenibilidad de la deuda.
El Congreso de la República aprobó durante la madrugada un paquete de cinco préstamos externos, que en conjunto suman US$1,350 millones (unos Q10,304 millones), en una sesión acelerada, con cambios al orden del día y sin debate técnico previo.
La aprobación se dio a pocas horas de que inicie la discusión del Presupuesto General 2026, lo que para la oposición revela una estrategia del Ejecutivo para asegurar financiamiento sin revisión pública.
US$250 millones del BID: Electrificación rural
El primer préstamo aprobado destina US$250 millones al programa de electrificación rural, un proyecto que busca ampliar la cobertura eléctrica en comunidades aisladas y reducir brechas de acceso a servicios básicos.
Según sus defensores, esta inversión permitirá conectar a miles de hogares que por décadas han estado fuera de la red eléctrica nacional y mejorar el desarrollo comunitario, educativo y productivo en zonas rurales.
Sin embargo, analistas advierten que el Estado ha mostrado una ejecución históricamente baja en este tipo de proyectos y que, sin una supervisión rigurosa, existe el riesgo de que la deuda solo aumente sin generar el impacto esperado.
También se señala que la incorporación de infraestructura eléctrica requiere mantenimiento de largo plazo, costos que no están contemplados en el endeudamiento actual.
US$350 millones del BID: Carretera Teculután–Mayuelas (CA-9 Norte)
El segundo crédito, de US$350 millones, está dirigido a rehabilitar y ampliar el tramo Teculután–Mayuelas, parte fundamental del corredor logístico CA-9 Norte, que conecta el país con Puerto Santo Tomás de Castilla.
Esta obra es considerada estratégica por su impacto en el comercio internacional, la movilidad de carga y la competitividad del país, pues mejorar el corredor reduce tiempos y costos de transporte.
No obstante, organismos como ICEFI y CIEN han advertido que la infraestructura vial es uno de los sectores con mayor opacidad, sobrecostos y retrasos en Guatemala.
La magnitud del préstamo implica riesgos de corrupción, baja fiscalización y la posibilidad de que el proyecto quede inconcluso si el Estado no garantiza continuidad técnica más allá de los ciclos políticos.
US$400 millones del BIRF: “Infraestructura Rural y Movilidad para el Buen Vivir”
El crédito de US$400 millones es el más grande del paquete y financiará obras viales en comunidades rurales, caminos vecinales y carreteras de conectividad.
El Gobierno lo promociona como uno de los programas insignia para dinamizar economías locales y mejorar el acceso a mercados, salud y educación en territorios históricamente abandonados. También se presenta como un “motor de desarrollo territorial” de alto impacto social.
Sin embargo, expertos alertan que este tipo de megaproyectos requiere una capacidad institucional que el Estado no posee actualmente. Existe riesgo elevado de fragmentación del gasto, priorización política de obras y falta de transparencia en adjudicaciones.
Además, el crédito incrementa significativamente la deuda pública justo cuando indicadores del FMI advierten presiones crecientes sobre la sostenibilidad fiscal.
US$50 millones del BIRF: Digitalización del Estado / Finanzas Públicas Inteligentes
El préstamo de US$50 millones financiará el proyecto “Finanzas Públicas Inteligentes”, destinado a modernizar los sistemas de administración financiera, mejorar el registro y control del gasto, y digitalizar procesos del Ministerio de Finanzas y otras instituciones estatales.
El Ejecutivo asegura que esta transformación permitirá una gestión más eficiente y transparente.
Pero críticos cuestionan que, sin avances en gobernanza, liderazgo técnico y control interno, la digitalización podría quedar limitada a software sin impacto real.
También subrayan que este tipo de préstamos suele ir acompañado de consultorías costosas, ampliación de burocracia digital y procesos que no necesariamente resuelven problemas estructurales como la mala ejecución presupuestaria o la corrupción en compras públicas.
US$300 millones del BID: Sustitución de financiamiento del Presupuesto 2023
El préstamo más polémico es el destinado a sustituir financiamiento del presupuesto de años anteriores, por un monto de US$300 millones.
Este crédito no se usa para inversión sino para cubrir necesidades de caja del Estado, lo que implica endeudarse para financiar gasto corriente o reemplazar deuda previa. Es decir, no genera infraestructura, servicios o activos productivos, pero sí aumenta obligaciones futuras.
Economistas advierten que este tipo de financiamiento es una señal de debilidad fiscal, pues refleja que el Gobierno no cuenta con suficientes ingresos para sostener su funcionamiento básico.
Además, aumenta la vulnerabilidad en caso de crisis económica o variaciones internacionales de tasas de interés y tipo de cambio. De los cinco préstamos, este es el que más preocupa a los expertos en sostenibilidad de deuda.
