Congreso aprueba dos préstamos millonarios para gobierno, pese a baja ejecución
El Congreso de la República aprobó dos préstamos que suman más de Q2,000 millones. El diputado Allan Rodríguez advirtió que, la ineficacia del gobierno actual para utilizar el presupuesto ya asignado y ampliado previamente podría significar que estos recursos tampoco se ejecutan como corresponden.
Redacción
Con 136 votos a favor, el Legislativo dio luz verde al Decreto 22-2024, que autoriza un crédito de US$775 mil destinados a un programa de gestión forestal sostenible. Este préstamo, que busca incentivar prácticas responsables en el uso de los recursos forestales, es el segundo aprobado en la jornada del martes 15 de octubre, sumándose al Decreto 21-2024, el cual contempla US$250 millones (Q1,932.5 millones) en apoyo presupuestario.
¿Un alivio o más deuda?
El primer crédito, que se adquirirá del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), fue originalmente gestionado durante el gobierno de Alejandro Giammattei para enfrentar las consecuencias de la pandemia del COVID-19. Sin embargo, la administración de Bernardo Arévalo será la encargada de su ejecución.
Este dinero tiene el propósito de reemplazar fuentes de financiamiento incluidas en el Presupuesto General de la Nación, pero la falta de claridad sobre cómo se utilizará generará dudas en sectores críticos del país.
La gestión forestal: una apuesta por el medio ambiente
El segundo préstamo, de US$9.22 millones (Q71.3 millones), también proviene del BID y está destinado al financiamiento de un programa de gestión forestal sostenible. Este crédito tiene un componente no reembolsable de US$775,000, lo que significa que esa parte del financiamiento no tendrá que devolverse.
El Instituto Nacional de Bosques (Inab) será la entidad encargada de ejecutar estos fondos, con la esperanza de mejorar la gestión de los bosques en el país.
Aunque el monto total aprobado por los diputados representa una importante inyección de recursos para el gobierno, la advertencia de Allan Rodríguez pone en evidencia un problema recurrente: la falta de capacidad del Ejecutivo para ejecutar los fondos.
