Colombia arremete contra justicia guatemalteca para proteger a Velásquez

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Redacción

En un comunicado publicado por la Cancillería y compartido por Laura Sarabia, el gobierno de Gustavo Petro “rechaza enérgicamente” la decisión judicial, aunque comete un error de fondo al atribuírsela a la Fiscalía de Guatemala, cuando en realidad la orden fue emitida por un juez competente, en el marco de un proceso penal en curso.

Este detalle no es menor: la distorsión deliberada del origen de la decisión permite reforzar la narrativa de una persecución orquestada desde una Fiscalía desacreditada, ignorando que fue el Poder Judicial quien tomó la determinación.

El texto oficial señala que se trata de “una grave desviación de los estándares del derecho internacional” y afirma que la medida no tiene sustento jurídico, aunque no presenta ni un solo argumento legal concreto que justifique tal afirmación. Es, en esencia, un comunicado político disfrazado de defensa institucional, que no apela al derecho sino a una narrativa ideológica.

Además, el gobierno colombiano insiste en que la decisión judicial contra Velásquez y Camargo “atenta contra los derechos humanos fundamentales”, una acusación grave, pero sin fundamento explícito. Lo que sí está claro es que esta reacción busca blindar a Velásquez, un actor clave en el engranaje de Petro y símbolo de su discurso anticorrupción, aun cuando pesa sobre él una investigación legítima dentro del marco legal guatemalteco.

Este tipo de pronunciamientos, cargados de retórica y vacíos de sustancia jurídica, son parte de una estrategia común en gobiernos de izquierda en la región: cuando un funcionario aliado es señalado por la justicia, la respuesta es la misma —atacar al sistema judicial, deslegitimar el proceso y presentar al acusado como un mártir político.

Lo más preocupante es el doble discurso: mientras el gobierno colombiano exige respeto a su soberanía cuando se trata de sus decisiones internas, no duda en interferir políticamente cuando un país soberano —como Guatemala— aplica su propia justicia.

Este episodio recuerda el caso de Laura Sarabia, también protegida por el gobierno tras el escándalo de interceptaciones ilegales. Hoy, ella es una de las voceras de esta defensa sin reservas de Velásquez, reafirmando que en la Colombia de Petro, los leales al régimen no rinden cuentas, sino que son erigidos como víctimas.