CODEDES: ley vetada por Arévalo entra en vigor este viernes
A partir de este viernes entrará en vigencia el Decreto 7-2025, una ley que el mandatario vetó el pasado 3 de octubre, pero que el Congreso decidió publicar.
Redacción
El Decreto 7-2025, llamado Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de los CODEDES, permitirá a los Consejos Departamentales de Desarrollo ejecutar saldos no utilizados del presupuesto anterior, bajo el argumento de garantizar la continuidad de obras locales.
El 16 de octubre, el Legislativo ordenó la publicación del decreto en el Diario Oficial, argumentando que el veto presidencial no se emitió dentro del plazo legal de 15 días.
Según la interpretación de los diputados, el Acuerdo Gubernativo 182-2025 por medio del cual el Ejecutivo notificó el veto. Sin embargo, no precisaba su fecha de entrada en vigencia, por lo que debía contarse tres días después de su publicación, conforme al Decreto Legislativo 1816.
Bajo esa lógica, el Congreso consideró que Arévalo actuó fuera de tiempo y proclamó la ley como vigente, lo que provocó una inmediata reacción del Ejecutivo.
Respuesta del Ejecutivo
El Gobierno respondió con una acción de amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para suspender los efectos del decreto y del Acuerdo Legislativo 6-2025, que sirvió de base para su publicación.
La Secretaría General de la Presidencia argumentó que el veto fue ejercido correctamente y que ignorar la comunicación formal del 3 de octubre constituye una violación constitucional.
“Esta decisión vulnera la separación de poderes y pone en riesgo el control del gasto público”, advirtieron fuentes del Ejecutivo, señalando que la nueva norma podría abrir espacios a la discrecionalidad en la ejecución de recursos en los departamentos.
Qué cambia con la ley
La normativa introduce modificaciones relevantes:
Extiende la vigencia del Decreto 27-2024 hasta el 31 de diciembre de 2026.
Permite que los saldos pendientes de ejecución sean trasladados a la cuenta del Tesoro de los CODEDES para continuar obras en curso.
Obliga a las entidades públicas a resolver permisos o licencias en un máximo de cinco días hábiles, con aprobación automática si no responden.
Dispone que las obras sin avances en dos años o sin convenios de ejecución retornen al fondo común.
La disputa llega a la CC
La Corte de Constitucionalidad ya admitió los amparos presentados por diputados oficialistas y el Ejecutivo, y dio 48 horas al Congreso para entregar los antecedentes del caso.
Aunque la discusión no ha sido agendada, los magistrados deberán decidir si el veto presidencial fue legítimo o si el Congreso actuó conforme a derecho al desconocerlo.
