CHN: el banco que opera con fondos del Estado pero no admite fiscalización

Que el Crédito Hipotecario Nacional (CHN) se resista a la fiscalización de la Contraloría General de Cuentas (CGC), no es nuevo. Lo inédito es que, a partir del gobierno actual, el citado banco, con oscuros antecedentes durante el gobierno de Alejandro Giammattei, recibió Q2 mil millones de la administración actual, para programas de becas, Mi Primera Vivienda y el fondo Tobanik, destinado a agricultores. Un economista consultado por este medio, afirma que el mayor riesgo es que los fondos no ejecutados regresarán al CHN y podrían alimentar acciones clientelares, con vistas a las elecciones de 2025.

Redacción

El presidente de la Junta Directiva del CHN es el ingeniero Sergio Mario Silva Lorenzana, señalado por la página RICIG (heredera informativa de la CICIG), de «proteger» al ex presidente Alejandro Giammattei, cuando el CHN se negó rotundamente a que la Contraloría General de Cuentas (CGC), investigara el destino de Q3,200 millones supuestamente destinados a «programas de apoyo por los efectos de la pandemia de Covid-19″.

La ley del CHN establece en el artículo 61, que la Superintendencia de Bancos es la encargada de fiscalizarlo y en el artículo 62, se agrega la auditoría interna para «autofiscalizarse». Sin embargo, debido a que dicho banco se maneja principalmente con fondos públicos, la CGC tiene potestad para fiscalizarlo.

Además, en el caso puntual de los fondos que según Giammattei y el Organismo Legislativo de la época (2020-24), se emitió el Decreto 13-2020, donde se asigna a la CGC la responsabilidad de fiscalizar los fondos que según Giammattei eran para «asistencia y bonos de pandemia«.

Durante años, el CHN fue un banco al borde del derrumbe financiero y es durante el gobierno de Giammattei cuando se comienza a capitalizar esa institución con significativos montos provenientes del Estado. La historia sigue durante el gobierno actual y más de dos mil millones de quetzales podrían no ser auditados.

Además, los fondos para becas y programas que no se ejecuten, permanecerán en dicho banco, lo que plantea muchas suspicacias, de cara a las elecciones 2027: por un lado están programas sociales que pueden ser fuente de clientelismo y por otro, los fondos no ejecutados, que podrían derivar en mal uso politiquero.

Integrantes de la Junta Directiva

El artículo 10 de la normativa que rige al CHN establece que la Junta Directiva es la máxima autoridad de esa institución. Cada miembro de la Junta es designado por el mandatario, quien además, nombra a los representantes de los ministerios de Finanzas y Economía y escoge entre un listado de nombres a los representantes de los sectores agropecuario, industrial y comercial.

El ingeniero Sergio Mario Silva Lorenzana es docente de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), y homónimo de Sergio Silva, hijo del ex fundador del PGT (partido comunista), Mario Silva Jonama, quien fuera cercano colaborador de Juan José Arévalo y Jacobo Árbenz.

Más allá de esta coincidencia es de suponer que Arévalo confió en él lo suficiente como para designarlo presidente de la Junta Directiva. Silva Lorenzana aparece en Guatecompras como representante legal de varias empresas y fideicomisos, mas no como contratista del Estado.

La vicepresidente, Karla Guerra Sánchez, es una abogada con amplia experiencia profesional y enfoque financiero. Como el ingeniero Silva, no tiene un historial político que pudiera justificar su nombramiento, aunque casualmente, fue esposa de Alejandro Balsells, asesor de Arévalo.

Otros miembros de la Junta Directiva son: Jonathan Menkos y Debora Eunice Alvarado Franco, representantes de Finanzas; Elizabeth Ugalde, del Ministerio de Economía y como representantes del sector empresarial, Guillermo Francisco Sanchez Ayau, sector Agropecuario; Jorge Miguel Bonilla Guevara, sector Comercial; Juan José Porras Castillo, sector Industrial y Sergio de la Torre Gimeno, director suplente de los tres sectores productivos.

Los millones que el CHN recibió de los dos últimos gobiernos deberían ser auditados tal como exige la CGC. De lo contrario, estamos ante una institución que tiene más de un cheque en blanco del gobierno, donde el «tesorero de la mafia» Menkos toma decisiones financieras y cuyo carácter puramente financiero podría desvirtuarse para dar paso al clientelismo y el beneficio de intereses ajenos a los del Estado.