La noche revela el vacío del poder

Berit Knudsen

La noche mostró una dura realidad que evitamos mirar a la luz del día. Lo que vive el Perú no es un episodio aislado, es la degradación sostenida del pacto político y cívico. La política perdió su papel de mediación: Ejecutivo y Congreso, con aprobaciones cercanas a cero, dejaron de representar al ciudadano para administrar tiempos cortos e insurrecciones.
El resultado es la normalización de lo excepcional: “vacancia” y “que se vayan todos”, violencia convertida en hábito. Siete presidentes en ocho años no es volatilidad: es un vacío legal y democrático profundo.

La justicia no ayuda a salir del laberinto. Un Ministerio Público y un Poder Judicial en conflicto constante, y ambos con el resto del Estado, convierten cada decisión en un capítulo más de la misma disputa, judicializando la vida pública sin autoridad moral. Esta coerción reemplaza la legitimidad, generando un vacío ocupado por la calle.

Pero en esa “calle” opera otra perversión: la justa protesta de miles reclamando soluciones es el espacio donde minorías organizadas, manipuladas por otros, buscan brutales enfrentamientos como forma de existencia.

La noche torna el descontento en teatro de guerra: escudos, láseres, pirotecnia, adoquines y fuego convierten a policías en enemigos. En ese escenario, la muerte de civiles se transforma en “palanca” narrativa y el policía herido en estadística.
Esta lógica perversa invierte los valores: el fin político exige una víctima. Moralmente, todo falla. La clase política, por convertir reglas extraordinarias en rutina; el Congreso, por sacrificar continuidad por cálculos políticos; los partidos, por abandonar la formación, alimentando la indignación de una generación que solo conoce la calle.

Los operadores judiciales confunden protagonismo con justicia; los organizadores de la violencia parasitan la causa ciudadana; y las organizaciones internacionales describen la escena como si la violencia fuera un accesorio y no una estrategia deliberada.

Defender el derecho a protestar exige condenar sin adornos retóricos a quienes planifican los daños buscando mártires, y una ciudadanía que denuncie la violencia, aunque provenga de su propio bando.

Defender el orden también implica exigir a la fuerza pública estándares que no se quiebren cuando la turba ataca. Políticamente, el país vive de una macroeconomía que resiste mientras la legitimidad colapsa. Ello posterga la caída, pero no la corrige.

La sociedad está exhausta: la delincuencia avanza, el empleo retrocede y la democracia, reducida a procedimientos para reemplazar presidentes, ofrece instituciones que no resuelven conflictos.

En ese entorno, cualquier ruptura –una destitución, una sentencia, una denuncia– se convierte en detonante para la barbarie. Ese es el verdadero “régimen”: un ciclo de hartazgo que produce violencia, una violencia que destruye la confianza, y una política que, incapaz de representar al ciudadano, apenas sobrevive el naufragio constante.

El hilo que sostenía la estabilidad está roto. El juicio moral es severo. El origen no está en las plazas, está en el vacío que dejó la política.

Un país que naturaliza la excepción, premia la violencia nocturna y terceriza su autoridad en tribunales convertidos en trincheras, degrada la dignidad de todos.

El resultado son manifestantes pacíficos, policías y ciudadanos atrapados entre la propaganda y el miedo.
Si algo debemos preservar es una responsabilidad ciudadana que rechace relatos que necesiten sangre para tener la razón, y la exigencia de llamar por su nombre a cualquier abuso, venga con cascos, pasamontañas o togas.