CC suspende Presupuesto 2026 tras acción presentada por ciudadanos
La Corte de Constitucionalidad (CC) dejó en suspenso la entrada en vigencia del Presupuesto General 2026, luego de otorgar amparo provisional ciudadanos que cuestionan la legalidad del decreto presupuestario aprobado por el Congreso de la República.
Redacción
Según los accionantes, la aprobación del Presupuesto 2026 estuvo marcada por irregularidades en el procedimiento legislativo, falta de apego a plazos establecidos y ausencia de un análisis responsable previo a su aprobación, lo que argumentan, vulnera principios constitucionales y afecta de forma directa a la población guatemalteca.
La resolución de la CC fue emitida por mayoría, pero incluyó un voto razonado del magistrado Roberto Molina Barreto, quien manifestó criterios distintos respecto al alcance de la suspensión. Aunque el contenido íntegro de su razonamiento aún no ha sido divulgado oficialmente, su postura marca diferencias dentro del máximo tribunal constitucional.
Acciones legales que llevaron a la suspensión
Varias impugnaciones fueron acumuladas para conocimiento de la CC, entre las cuales destacan:
Un amparo planteado por los abogados Diego Sagastume Vidaurre y Miguel Balsells, quienes actuaron en representación de un grupo de ciudadanos. Esta acción cuestiona aspectos del proceso legislativo y la legalidad en la aprobación del presupuesto.
Entre las nueve acciones presentadas en contra del Presupuesto 2026, también destaca el amparo promovido por el alcalde de Mixco, Neto Bran, en la que objetó la distribución de recursos, argumentando que su municipio recibió asignaciones insuficientes y desproporcionadas, lo que a su juicio viola principios de igualdad, equidad y autonomía municipal.
Implicaciones inmediatas
Con esta decisión, el presupuesto no podrá entrar en vigencia mientras la Corte resuelve el fondo del caso. De prolongarse el proceso, el Estado podría operar bajo prórroga del presupuesto vigente, mientras persiste la incertidumbre financiera y administrativa para 2026.
El fallo de la CC no solo coloca bajo escrutinio el actuar del Congreso, sino que envía un mensaje sobre la obligación de respetar los procedimientos constitucionales en la aprobación de leyes de alto impacto nacional, como lo es el presupuesto.
