Cárcel y multas para quienes aparten parqueos: así avanza la iniciativa en el Congreso
El que cobre o aparte parqueos en la vía pública podría enfrentar sanciones penales. Esa es la propuesta que avanza en el Congreso, donde el diputado Juan Carlos Rivera se reunió con autoridades de Emetra para impulsar reformas que frenen la práctica de reservar espacios en las calles de la Ciudad de Guatemala.
Redacción
El diputado Juan Carlos Rivera, tercer secretario de la Junta Directiva, encabezó una reunión con el director de Emetra, Héctor Flores, para afinar una estrategia que busca liberar los espacios públicos y endurecer las sanciones contra quienes bloquean o comercializan espacios de parqueo en la vía pública.
Durante el encuentro, el congresista expuso que las denuncias se han multiplicado entre trabajadores de distintas zonas de la capital.
La modalidad es conocida: personas que apartan espacios en la calle con botes, sillas o ladrillos y que, al ser retirados, exigen pagos como si se tratara de una actividad autorizada.
Emetra confirmó que el fenómeno ha escalado, al punto de operar como redes organizadas que obtienen ingresos constantes, incluso cerca de áreas sensibles como los hospitales nacionales.
El director Flores explicó que el problema requiere un abordaje conjunto. A lo largo del año, Emetra ha ejecutado más de trescientas intervenciones y recogido más de mil metros cúbicos de objetos utilizados para bloquear el espacio público, pero la entidad reconoce que la magnitud del fenómeno exige un esfuerzo coordinado con la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público.
Las autoridades consideran que la obstrucción del paso y el cobro por estacionar en la vía pública constituye una forma de coacción que afecta especialmente a usuarios de servicios esenciales.
En respuesta a la situación, Emetra entregó al diputado Rivera un borrador de reformas legales que propone endurecer la Ley de Tránsito, Decreto 132-96 y la incorporación de un nuevo artículo en el Código Penal.
La propuesta contempla sanciones más altas y penas de prisión para quienes bloqueen calles, impidan la circulación o condicionen el acceso al espacio público, con especial énfasis en la protección de áreas cercanas a hospitales y centros de salud.
El legislador valoró el avance del documento y planteó realizar un trabajo de campo en conjunto con la PNC y el MP para documentar casos y fortalecer la iniciativa antes de llevarla al pleno. El plan es evaluar los resultados, ajustar el proyecto y continuar el proceso legislativo para que la propuesta llegue a discusión oficial.
Si la iniciativa prospera, la práctica de apartar parqueos con objetos improvisados incluso por propietarios de casas o negocios dejaría de ser una falta menor para convertirse en un delito penalizado, marcando un punto de inflexión en la disputa por el uso del espacio público en la capital.
