Canadá sigue el camino de la injerencia al estilo de EE.UU. y la UE
La reciente decisión de Canadá de imponer sanciones a operadores de justicia guatemaltecos, incluida la Fiscal General Consuelo Porras, sigue el peligroso camino de Estados Unidos y la Unión Europea que toman medidas contra operadores de justicia en el país sin que exista un proceso penal formal, lo cual podría violar principios fundamentales del derecho y menoscabar el sistema de justicia y la soberanía de Guatemala.
Redacción
El gobierno canadiense ha decidido imponer sanciones este martes a la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, y a otros tres operadores de justicia del país centroamericano por su presunta participación en «actividades destinadas a socavar la democracia» y «obstaculizar una transición pacífica del poder».
A través de un comunicado, el Ministerio de Exteriores de Canadá ha explicado que estas medidas restrictivas buscan disuadir las acciones consideradas obstruccionistas por parte de funcionarios públicos acusados de corrupción, respaldando al Gobierno democráticamente elegido de Bernardo Arévalo.
Además de Porras, las sanciones afectan a la fiscal Cinthia Edelmira Monterroso, al jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), José Rafael Curruchiche, y al juez Jimi Rodolfo Bremer Ramírez.
Al imponer sanciones sin un proceso penal formal, Canadá parece pasar por alto estos principios básicos de justicia que incluyen la presunción de inocencia y el derecho a la defensa, lo que podría minar la credibilidad del sistema de justicia guatemalteco y socavar la confianza en las instituciones judiciales.
Además, esta acción podría interpretarse como un acto de injerencia en los asuntos internos de Guatemala, comprometiendo su soberanía. La imposición de sanciones sin un proceso penal adecuado podría ser percibida como un intento de influir en la política interna y en las instituciones guatemaltecas, lo cual es preocupante y va en contra de los principios de no intervención en los asuntos internos de otros países.
Canadá justifica acciones
El Gobierno canadiense ha acusado a estos ciudadanos de corrupción y de cometer «graves violaciones de los Derechos Humanos», en relación con la crisis política que afectó a Guatemala tras las elecciones de junio de 2023.
«Las sanciones de hoy se aplican a cuatro individuos por su involucramiento en actividades que han favorecido directa o indirectamente la corrupción, incluso durante la Administración previa del presidente Alejandro Giammatei», ha afirmado el Ministerio. Canadá ha reiterado su compromiso en la condena de la corrupción y la impunidad, posicionándose junto al pueblo guatemalteco y la comunidad internacional.
La ministra de Exteriores canadiense, Mélanie Joly, ha afirmado que estas sanciones demuestran el compromiso con los esfuerzos en la lucha por la democracia y los Derechos Humanos en Guatemala. «Estamos ansiosos por trabajar junto al Gobierno elegido democráticamente», añadió.
