Cámaras empresariales cuestionan incremento del salario mínimo 2026 y advierten impactos sobre empleo y formalización
Las cámaras empresariales del país reaccionaron con preocupación al anuncio del Gobierno de incrementar nuevamente el salario mínimo a partir de 2026.
Redacción
A través de un comunicado, la Cámara de la Industria (CIG) la medida como una decisión política disfrazada de protección social, pero desconectada de la productividad real del país, de la competitividad y de la situación financiera de las empresas, especialmente de las micro, pequeñas y medianas.
De acuerdo con el sector privado, las más de 218 mil MIPYMES activas serán las más afectadas cuando un país impone salarios mínimos elevados frente a una baja productividad promedio.
Esto incrementa los costos laborales, limita la capacidad de contratar, formalizar y sostener plazas, y empuja a más emprendimientos a operar en la informalidad.
Las cámaras advierten que el incremento no genera mejores oportunidades, sino que encarece el empleo formal y frena la creación de puestos de trabajo, afectando especialmente a jóvenes en busca de su primer empleo. “Se restringe su acceso a oportunidades y se cierra la puerta a su inserción laboral”, sostienen.
Además, señalan que al superar el umbral cercano a los Q4,000 mensuales, muchos trabajadores quedarán sujetos a retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR), lo que reducirá su ingreso disponible. A esto se suma el impacto de las cotizaciones al IGSS, que incrementan el costo total de contratación para las empresas.
El resultado, advierten, será un empleo formal más caro tanto para empleadores como para trabajadores, y una mayor presión para operar fuera del sistema de seguridad social.
Según datos citados por el sector industrial, el incremento aplicado en 2025 provocó una desaceleración del empleo formal cercana al 44%, lo cual consideran evidencia de que repetir la misma medida en 2026 hará aún más difícil encontrar un trabajo formal.
“El resultado es claro: más informalidad y menos protección social”, señalan.
Las cámaras empresariales enfatizan que no se oponen a mejorar los ingresos de los guatemaltecos, pero rechazan incrementos salariales de carácter político, sin sustento técnico sólido y sin vinculación a productividad.
Aseguran que este tipo de decisiones cierran oportunidades, debilitan el empleo formal, aumentan la carga fiscal y social y profundizan la brecha entre el sector formal e informal de la economía.
