Cámara del Agro advierte: el Presupuesto 2026 es desproporcionado y exige una revisión inmediata
La Cámara del Agro (Camagro) advirtió que la propuesta enviada por el Ministerio de Finanzas al Congreso no solo incrementa el gasto público de manera desproporcionada, sino que además ignora por completo la realidad fiscal del país y compromete la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Redacción
Según la Cámara, el proyecto presentado por Minfin eleva el gasto sin acompañarlo de ingresos reales, expone al país a mayor endeudamiento y, peor aún, mantiene prácticas opacas que han caracterizado la asignación presupuestaria en años recientes. Por ello, la organización exige al Congreso revisar la propuesta “con responsabilidad y en función del interés nacional”.
Exigen alinearlo a los ingresos reales
Camagro recordó que la propia Constitución establece límites claros sobre cómo debe aprobarse el presupuesto, incluyendo el equilibrio entre ingresos y gastos.
Sin embargo, la iniciativa del Ejecutivo vuelve a apostar por la fórmula ya conocida: más gasto, poca transparencia y justificaciones débiles para ampliaciones millonarias.
La Cámara resumió su exhorto al Legislativo en cuatro puntos principales:
Ajustar el presupuesto a los ingresos reales del país.
Evitar incrementos injustificados en el gasto.
Priorizar inversión productiva e infraestructura.
Garantizar transparencia y control en la ejecución.
Un mensaje que se suma al descontento empresarial
La advertencia de Camagro se suma a las críticas recientes de otras cámaras empresariales, que han tachado el Presupuesto 2026 como una propuesta “irresponsable”, “insostenible” y “desconectada de la realidad económica”.
Varias organizaciones han señalado que el Gobierno insiste en ampliar gasto operativo y burocrático, mientras infraestructura, seguridad alimentaria, agricultura y productividad permanecen rezagadas.
Un llamado a los diputados antes de una votación clave
Con el Congreso próximo a decidir si aprueba, modifica o rechaza el proyecto, Camagro recordó que los diputados tienen la obligación constitucional de corregir excesos, garantizar transparencia y proteger el interés público.
El mensaje es claro: Guatemala necesita un presupuesto realista, no una hoja de gastos inflada que termine cargándose sobre las futuras generaciones.
La discusión continuará esta semana, mientras crece la presión de diversos sectores para que el Legislativo ponga freno a lo que consideran un presupuesto políticamente conveniente, pero fiscalmente inviable.
