Bernardo Arévalo: el nombre de la corrupción, señala Curruchiche
Una nueva solicitud para que se retire el antejuicio a Bernardo Arévalo sacude los cimientos del aparato estatal y sus aliados, con un caso de corrupción muy similar a La Línea, que además devela la magnitud de los vínculos establecidos por Arévalo con contratistas conocidos por ser corruptos e incluso, el miembro del comité jurídico de la OEA, Gabriel Orellana, representante legal de una empresa a la que el gobierno pretende pagar más de Q67 millones, además de incluir en su listado presuntamente ilegal a varias empresas mencionadas en el caso B 410, develado por la SAT y del que Arévalo hizo amplia difusión, pese a que entre los implicados, hay empresas a las que ordenó pagar. en el «mecanismo».
Roxana Orantes Cördova
La conferencia de prensa del Ministerio Público (MP), develó la permanencia de una red criminal de contratistas vinculados con el gobierno y diputados. Dicha estructura se esbozó en casos como Construcción y Corrupción, que según afirma Rafael Curruchiche, todavía son investigados por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI).
Mecanismo corrupción Micivi es el nombre que la FECI dio al caso que hoy presentaron Ángel Pineda, secretario del MP; Estuardo Ávila, Secretario contra la Corrupción y Rafael Curruchiche, fiscal a cargo de la investigación iniciada a raíz de una denuncia interpuesta por Ricardo Méndez Ruiz.
Según expuso el jefe de la FECI, Arévalo podría haber incurrido en los delitos de abuso de autoridad y usurpación de funciones (148 y 433 del Código Penal); transgresión al artículo 50 de la Ley de Compras y Contrataciones del Estado; resoluciones contrarias a la Constitución Política de la República (423 Código Penal) y debe responder por su conducta, según establece el artículo 154 de la Constitución, que señala:
«Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. Los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de partido político alguno»
OEA, salpicada por suspicacias
Entre los muchos hallazgos encontrados en la lista de contratistas privilegiados por Arévalo para recibir pagos desde Q67 millones a cientos de miles, resalta la empresa Overseas Engineering & Construction Guatemala, a la que de forma irregular, Arévalo ordenó pagarle Q67 millones 956 mil 574.
Como todas las empresas favorecidas por el «mecanismo» del mandatario, esta no tenía datos sobre avances en la ejecución de obras.
Lo que hace más relevante a dicha empresa, además del monto que Arévalo ordenó cancelarle (sin saber si habían trabajado o no), es que su representante legal es Gabriel Orellana, miembro del comité jurídico de la OEA. Al exponer el caso, Curruchiche se preguntó si este vínculo estaría relacionado con el excesivo interés de Luis Almagro en Guatemala, que visitó varias veces durante el proceso electoral, avalando a un partido que a todas luces, cometió más de una irregularidad, tanto en la inscripción de su comité pro formación, como en la elección de agosto 2023.
Viejos conocidos del «pacto de corruptos»
Varias de las empresas privilegiadas por Arévalo para recibir pagos a través de un mecanismo ilegal que no considera si trabajaron o no, tienen vínculos con la estructura de políticos, contratistas y funcionarios que la izquierda llama «pacto de corruptos» (por extensión de un caso en el Congreso).
Por ejemplo, la constructora Samaria perteneció a Milton Guerra, diputado de Jalapa por el FCN Nación, según diarios. Otro de los beneficiarios de Arévalo es Elmer Cruz Ambrocio, con 64 obras adjudicadas desde hace 20 años cuya empresa Samaria recientemente acumuló 24 obras sin terminar.
Arévalo, quien hizo de la «lucha contra los corruptos» su punta de lanza, ordenó pagarle a Samaria más de Q27 millones.
Un elemento común a todos los favorecidos por la lista del «mecanismo» es que ninguna de las empresas reportó avances en ejecución de obras. Otro elemento es que algunas están relacionadas con el caso Construcción y Corrupción, vinculadas con diputados distritales o más recientemente, son parte de la estructura denunciada por la SAT en el caso B410, que Arévalo pretendió usar como arma contra el MP, sin imaginar que sus contratistas favorecidos también son parte de este caso.
Según los medios…
Mucha de la información mencionada durante la conferencia fue «cruzada» con notas de prensa donde se fustiga a los presuntos corruptos que ejercen como contratistas y son parte de la estructura criminal que saquea al Estado hace décadas.
Paradójicamente, Curruchiche citó a los medios que más la han emprendido contra el MP, al que tachan de «golpista y corrupto» sin presentar pruebas. Por ejemplo, Prensa Comunitaria mencionó las corruptelas de Elmer Cruz en Olopa y Plaza Pública también recabó datos sobre varios hechos de corrupción que se atribuyen a los empresarios constructores favorecidos por Arévalo.
La Hora, El Periódico y muchos otros informativos también fueron citados en la conferencia, por las investigaciones periodísticas que dan fe sobre la criminalidad del grupo al que Arévalo decidió pagar en primer lugar, antes que otros contratistas y sin conocer si sus favoritos habían avanzado algo en las obras, que probablemente permanecen inconclusas.
El despido telefónico que originó un escándalo sin precedentes
Desde el caso La Línea no se registraba un saqueo tan enorme al erario público en los medios informativos como el recién develado Mecanismo Corrupción Micivi. Este salió a luz pública a raíz de un audio que circuló en redes, en el que Arévalo despide a Jazmín de la Vega, por negarse a obedecer una orden presuntamente ilegal: pagar a una lista de personas designadas por el mandatario, quien de forma autocrática decidió inmiscuirse en compras y contrataciones del Estado, asunto regulado por una ley que no concede competencia para esto al mandatario, sino a los ministros.
Inicialmente, los defensores oficiosos de Arévalo afirmaron que el audio era producto de la Inteligencia Artificial. Sin embargo, el propio funcionario reconoció su autenticidad y reprochó a De la Vega grabarlo y divulgarlo, lo que la ex funcionaria negó.
No se conoce el origen del audio, ni quién lo divulgó, pero luego de su difusión, al MP llegó el ominoso listado que podría hacer tambalear al gobierno, en el caso hipotético de que los jueces y diputados decidieran cumplir las leyes a cabalidad, como sucedió en 2015, cuando siguieron el procedimiento y Otto Pérez se puso a disposición de la justicia.
La lista de la impunidad y la corrupción es más que elocuente en cuanto a los montos a pagar, nombres de empresas y falta de datos sobre avances. Queda claro que este gobierno, igual que muchos anteriores, habrían usado los contratos con el gobierno como un mecanismo para el pago de favores políticos y probablemente, incluso negocios mucho más oscuros.
El despido de la titular del Micivi, así como el Director de Caminos, quien se negó a pagar obras a empresas dudosas, evidencian que la tónica de la actual administración no difiere de las anteriores, en el manejo de los fondos para negocios paralelos.
Lo insólito es la vinculación de la OEA, ya que un importante funcionario de esa organización supranacional también es representante legal de una empresa aparentemente poco transparente y que recibió casi setenta millones provenientes de los impuestos guatemaltecos.
Probablemente, este caso no sea recibido con la misma parafernalia, bombos y platillos que el caso La Línea, ya que en aquella ocasión, la consigna venida de afuera era defenestrar a Otto Pérez. Cabe recordar que en 2015 se omitió divulgar el vínculo entre Hunter Biden y Baxter, empresa relacionada con el escándalo IGSS-Pisa.
Pero aunque Mecanismo Corrupción Micivi no motive un nuevo «despertar ciudadano», es de esperarse que se aplique la justicia y que no se entorpezca la investigación del MP sobre un hecho tan lamentable como trascendental, donde se devela quién es quién en la política, la corrupción y las alta esferas gubernamentales.
