“Basta de abusos”: Arévalo condena proceso judicial y apoya a Pacheco y Chaclán
Arévalo aprovecha su visita a San Cristóbal Totonicapán para defender a líderes de 48 Cantones responsables de bloqueos de “Octubre Negro”, que paralizaron el país y provocaron pérdidas millonarias en distintos sectores. Arévalo calificó como injusto el proceso judicial contra dos líderes de la organización 48 Cantones, Luis Pacheco y Héctor Chaclán.
Redacción
Aunque ha considerado ilegales otros bloqueos, Bernardo Arévalo defiende las protestas ilegales organizadas en 2023 por grupos afines al extinto Movimiento Semilla como los 48 Cantones de Totonicapán, calificándolos como “heroicos”, sin reconocer que paralizaron carreteras y calles, provocando pérdidas millonarias en todos los sectores del país.

Durante su visita a San Cristóbal Totonicapán, Arévalo calificó como injusto el proceso judicial contra dos de sus líderes, Luis Pacheco y Héctor Chaclán, quienes cumplen seis meses de prisión que, según el mandatario, son arbitrarios e injustos.
“¡Basta ya de abuso por parte de los grupos político-criminales que han cooptado espacios importantes del sistema de justicia, como el Ministerio Público!”, afirmó Arévalo en un mensaje que coincide con el segundo aniversario de los hechos de 2023.
En cuanto al proceso judicial en contra de Pacheco y Chaclán se se ha visto afectado por la presión mediática y la intervención de actores internacionales como la Unión Europea, que ha brindado respaldo político y simbólico.
Secuelas económicas
El daño económico provocado por los bloqueos de 2023 fue profundo y de largo alcance. De acuerdo con la consultora Central American Business Intelligence (CABI), las pérdidas diarias alcanzaron Q1,365 millones, afectando gravemente a los sectores agrícola, comercial y turístico.
En total, las pérdidas se estiman en Q16,000 millones, lo que golpeó el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) durante el último trimestre de 2023. La interrupción de la cadena de suministro provocó escasez de productos perecederos y aumentos en los precios de la canasta básica, afectando directamente a la clase trabajadora.
Comerciantes y agricultores enfrentaron deudas impagables y cosechas perdidas, dejando un legado de inestabilidad en las zonas rurales que aún no se supera.

Injerencia de organismos internacionales
La participación de actores internacionales también generó controversia. Diversos reportes señalan que organismos como USAID y varias ONGs mantuvieron vínculos con líderes indígenas involucrados en los bloqueos.
La embajada estadounidense fue incluso señalada tras conocerse fotografías de reuniones entre líderes de los 48 Cantones y Lucrecia Teleguario, exministra y asesora de USAID, dentro de sus instalaciones.

Estas acciones despertaron sospechas sobre el posible apoyo internacional a movimientos que contribuyeron a la desestabilización del país. Según analistas, la cooperación internacional habría sido utilizada para fortalecer políticamente a ciertos liderazgos indígenas, mientras el gobierno de Arévalo consolidaba su relación con estos grupos a través de cargos estratégicos en instituciones públicas.
El rol de Bernardo Arévalo
El presidente ha sido duramente criticado por lo que algunos sectores califican como “pagos políticos” a quienes participaron en los bloqueos. Luis Pacheco, ahora bajo arresto, fue nombrado viceministro de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Energía y Minas (MEM). Por su parte, Daniel Pascual, dirigente del Comité de Unidad Campesina (CUC), asumió como director del Consejo Directivo de Fontierra.
Estos nombramientos han sido interpretados como una forma de retribuir favores políticos a los líderes que contribuyeron a las protestas de 2023, las cuales terminaron debilitando al gobierno anterior y allanando el camino para la llegada de Arévalo al poder.
El impacto de aquellos bloqueos sigue pesando sobre la economía y la gobernabilidad del país. Las secuelas van más allá de las pérdidas monetarias: persiste la desconfianza de inversionistas nacionales e internacionales, y la tensión entre el gobierno central, los líderes indígenas y la comunidad empresarial continúa latente.









