Aumento salarial en el Congreso: abuso, ilegalidad y un insulto a la ciudadanía

Aunque la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó una nueva discusión del pleno, los 160 diputados ya están recibiendo el aumento salarial aprobado en el presupuesto 2024. Mientras algunos legisladores han anunciado que devolverán el dinero o que lo donarán, la realidad es que todos han cobrado el incremento, resultado de maniobras impulsadas de forma indirecta por el oficialismo.

Redacción

El Congreso de la República vuelve a estar en el centro de la polémica tras la aprobación de un aumento salarial que elevaría la remuneración de los diputados hasta Q46,700 mensuales más bonos, que en el caso de los miembros de Junta Directiva podrían llegar a percibir hasta Q 66 mil mensuales. Esta medida, incluida en el presupuesto 2024 y ratificada con el acta 10-2025 el pasado 4 de febrero, aún debe pasar por el pleno, tras una orden de la Corte de Constitucionalidad (CC).

¿Cuánto reciben realmente los diputados?

Los 160 legisladores no solo perciben un salario base, sino que también disponen de bonos por formar parte de las comisiones de trabajo que van desde los Q3 mil hasta Q5 mil mensuales. En el caso de los miembros de Junta Directiva reciben un pago extra de Q10 a Q20 mil mensuales. Sin contar los fondos adicionales para contratar personal.

En 2023, el Congreso asignó:

• Q259.1 millones para empleados permanentes (011)
• Q182.8 millones para personal contratado (022)
• Q29 millones para trabajadores temporales (029)

A esto se suman otros privilegios y beneficios que hacen que el costo real de cada diputado sea aún mayor para los contribuyentes.

Un aumento ilegal

El incremento salarial no solo es desproporcionado, sino que también está manchado de ilegalidad. Fue a escondidas mediante una enmienda de última hora en la madrugada del 27 de noviembre, sin el debido proceso ni el conocimiento de la ciudadanía. Con la aval de 87 diputados, la medida pasó sin discusión pública y en total opacidad, traicionando los principios de transparencia y legalidad que deben regir al Organismo Legislativo.

Según la Corte de Constitucionalidad, la norma requería un debate adicional en el pleno, lo cual nunca ocurrió. Aun así, la Junta Directiva, actuando de manera irregular, lo permitió en secreto y negó su existencia hasta el último momento. El propio presidente del Congreso, Nery Abilio Ramos, evadió preguntas y minimizó el tema, pero la verdad salió a la luz cuando los diputados cobraron su primer salario con aumento.

Aunque varios congresistas aseguran no estar a favor del aumento, hasta el momento no han tomado medidas concretas para revertirlo. La Junta Directiva del Congreso, que aprobó el ajuste sin la discusión requerida, sigue sin ofrecer explicaciones claras, mientras la indignación ciudadana crece.

Este incremento, que elevaría los salarios hasta Q46,700 mensuales, representa un costo mensual de Q7 millones 360 mil quetzales mensuales y casi Q90 millones al año para los contribuyentes. La falta de transparencia en el proceso y la resistencia de los diputados a corregir el abuso refuerzan la percepción de impunidad en el Congreso.

El tiempo dirá si las promesas de devolución o donación se cumplen o si solo son excusas para calmar la indignación pública. Por ahora, el aumento sigue vigente y en los bolsillos de los diputados.