Asociación de Abogados Cristianos exige a la CSJ celeridad en antejuicios contra el presidente Arévalo
“No es posible que dejen pasar el tiempo”, advierte Roberto Cano presidente de la AGAPC, quien denunció ante la Cámara de Amparos y Antejuicios de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un posible retardo malicioso en el trámite de antejuicios contra el mandatario.
Redacción
La Asociación Guatemalteca de Abogados y Profesionales Cristianos (AGAPC) presentó este lunes un memorial de petición constitucional ante la Cámara de Amparos y Antejuicios de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), exigiendo respuestas claras sobre el estado de los antejuicios planteados contra el presidente Bernardo Arévalo.
Cano explicó que esta acción responde a la falta de información y a la aparente demora en el trámite de los antejuicios que, según dijo, fueron presentados con anterioridad.
“Nuestro primer escrito fue ingresado el 1 de marzo, dirigido al presidente de la Corte y los trece magistrados, para que nos informaran dónde estaban los antejuicios en contra del ciudadano presidente”, declaró. Sin embargo, fue hasta el 25 de marzo que recibieron una respuesta del presidente de la CSJ, quien indicó que dichos documentos ya habían sido trasladados a la Cámara de Amparos y Antejuicios.
Ante ello, la AGAPC exige que se esclarezca cuándo exactamente se remitieron los antejuicios a la Cámara, si fue producto de la presión pública ejercida, y si se cumplió con los plazos legales. “De todos modos están tardíos”, denunció el abogado, señalando que los procedimientos deberían ya haber sido trasladados al Congreso para la conformación de la comisión pesquisidora.
El memorial entregado este 7 de abril también solicita que se establezca una fecha concreta para el traslado de los expedientes al Legislativo, con el fin de que se inicie el proceso correspondiente. La Asociación acusa al sistema judicial de permitir que “estas personas sigan rompiendo el Estado de derecho y saqueando al Estado nacional soberano”.
El presidente de la AGAPC concluyó su intervención subrayando que esta acción no solo responde al deber profesional, sino también a la defensa de los valores constitucionales, la tutela judicial efectiva y el respeto a la ciudadanía y sus familias. “Hoy tenemos que actuar. El pueblo de Guatemala merece respuestas”, afirmó.
