Más de Q4.2 millones mensuales en asesores: una carga sin resultados claros

Uno de los focos menos observados, pero no menos costosos, del actual gobierno de Bernardo Arévalo son las secretarías de la Presidencia. Sólo en marzo de este año, se documentó la contratación de 323 asesores bajo el renglón 029, con un costo mensual superior a los Q4.2 millones, distribuidos entre 17 secretarías.

Redacción

A pesar de esta considerable inversión, las secretarías no han logrado demostrar avances concretos en políticas públicas o resultados tangibles en los temas que abordan, como desarrollo social, seguridad alimentaria, innovación, juventud o la lucha contra las adicciones.

Entre las secretarías que más asesores acumulan se encuentran la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), la Secretaría General, y la Secretaría de Bienestar Social, todas con decenas de contrataciones temporales con sueldos que oscilan entre Q10 mil y Q28 mil.

No obstante, al revisar sus reportes de labores o los indicadores nacionales, poco se evidencia del impacto real de ese personal altamente pagado. Peor aún, algunas como la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado y la Seccatid, se niegan a detallar sus nóminas, alegando razones de seguridad.

El caso de las secretarías es sólo una muestra del patrón que se repite en otras instituciones. En los ministerios, el número de asesores aumentó en casi 20% en comparación con el segundo año del gobierno de Giammattei.

El Ministerio de Economía, por ejemplo, tiene 411 asesores, con un costo mensual de Q5.8 millones, mientras que la Dirección General de la Policía Nacional Civil pasó de tener 188 asesores en 2021 a 935 en 2025, con sueldos que en algunos casos alcanzan los Q30 mil mensuales.

A nivel general, el gasto mensual en asesores en todo el Ejecutivo asciende a Q48.3 millones, lo cual evidencia una estructura inflada, sin una estrategia de eficiencia administrativa clara. Con 292,753 empleados, de los cuales el 64 % ocupa cargos fijos y el 34 % puestos temporales.

Del total de empleados del Estado, menos del 40% cuanta con estudios universitarios. Mientras que, el 78 % percibe un salario mensual que oscila entre Q3 mil y Q10 mil.

Además, el hecho de que muchas contrataciones se hagan bajo el renglón 029 permite una gran discrecionalidad, ya que los contratados no tienen horarios fijos ni relación laboral directa, y sólo están obligados a presentar informes mensuales, cuya veracidad pocas veces se verifica.

Este gasto contrasta con la falta de ejecución y los limitados logros visibles del Gobierno en áreas prioritarias. Las promesas de reducir el tamaño del Estado, revisar los contratos y limitar el clientelismo político se han disipado frente a la expansión de plazas temporales, muchas veces otorgadas por favores políticos o lealtades partidarias.