Arévalo visita «cándidamente» al rey de España mientras la FCT solicita nuevamente que le retiren el antejuicio, dice Raúl Falla

Por lo menos tres presuntos delitos sustentan la solicitud para que Bernardo Arévalo pierda la inmunidad y sea investigado, explica el abogado de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), Raúl Falla, quien esta mañana presentó los documentos pertinentes a fin de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ), analice si «cursarán el caso al Congreso», señala Falla, mientras Ricardo Méndez Ruiz, en un vídeo.

Redacción

«A mes y días de que Bernardo Arévalo haya tomado posesión de la Presidencia de la República y, cándidamente, se encuentra de viaje. Hoy, precisamente, está saludando al rey de España, mientras Guatemala, literalmente, se está incendiando. Pero bueno, es el tipo de vida al que Arévalo está acostumbrado», afirma Ricardo Méndez Ruiz en el vídeo mencionado, donde anuncia que la FCT presentó un nuevo antejuicio contra Arévalo, al que señala de varios (y graves) delitos, desde la conformación del partido Semilla a las elecciones y actualmente, en el ámbito gubernamental.

«Le urge desembarazarse de la Fiscal, como le urge al Departamento de Estado y a la Unión Europea, así como le urge a Canadá, por lo visto. Porque de esta manera pueden tener en la Presidencia de la República a un títere al que pueden manejar a su sabor y antojo. Este es uno de los motivos por los que presentamos el antejuicio el día de hoy», señala.

Múltiples y graves delitos, señala Raúl Falla

«Desde la toma de posesión estamos muy atentos y vigilando el trabajo de Arévalo. Más de una vez se ha salido del marco legal. Como representante de la unidad nacional, debería ser el primero en exigir el cumplimiento de la Constitución, pero más de una vez ha cometido incumplimiento de deberes.

Las acciones delictivas de Arévalo se cometieron en tiempo continuado. Durante un largo período, sus mensajes y acciones demandaron la renuncia de la Fiscal General, pese a que la Constitución Política de la República establece el plazo para el ejercicio de la jefatura del MP y otras leyes, como el Código Procesal Penal y la Ley Orgánica del MP, establecen causal para la destitución. En caso de la doctora Porras, ni siquiera existe una denuncia en su contra. Esto es abuso de autoridad.

Y Arévalo lo cometió más de una vez, pese a que sus funcionarios como Francisco Jiménez, ministro de Gobernación, fueron sensatos e inteligentes. Jiménez saludó cordialmente a la funcionaria, de mano y abrazo. Asimismo Palomo, recién nombrado comisionado contra la corrupción, reconoció que deberá llevar las denuncias al MP ya que la comisión que dirigirá no tiene potestad para investigar.

¿Qué busca Arévalo con la insistencia en la destitución? Sencillamente, generarse impunidad, ya que la investigación del caso Corrupción Semilla sigue y podría derivar en una solicitud de antejuicio. Parece una burla cuando Arévalo dice luchar contra la corrupción y quiere nombrar un Fiscal General ad hoc. De ahí la denuncia por abuso de autoridad.

Como representante de la unidad nacional, su papel también dejó que desear. Nunca debió comentar casos judiciales como el de Jose Rubén Zamora, poniendo en entredicho el criterio de jueces y magistrados, ya que atenta contra la independencia judicial. Esto sustenta la denuncia por obstaculización a la acción penal, expone Falla y continúa:

«Más de una vez, Arévalo habló de sanear las instituciones públicas. Hoy vemos que nombró a una diputada para dirigir el Instituto Nacional de la Víctima, entidad creada para brindar apoyo legal a las personas más vulnerables y desprotegidas, en casos muy delicados. Dicho instituto presta asesoría en casos de violencia y hechos delictivos contra ancianos, niños y mujeres. El nombramiento no es idóneo, ya que la diputada jamás ejerció funciones en el ámbito de la victimología. Su experiencia se limita a haber sido diputada cuatro años. Es difícil imaginar cómo analizará y procesará peritajes forenses, psicológicos y otro tipo de documentos que llegan a ese lugar. Este nombramiento evidencia que su lucha jamás fue por los más vulnerables, sino para ganar más dinero», señala y concluye:

Por este hecho lo denunciamos por nombramientos ilegales, delito tipificado en el Código Penal donde se expone que si a sabiendas de la incapacidad se nombra a determinado funcionario, se comete un delito. Esperamos que la CSJ analice los delitos planteados y curse el tema al Congreso. Es necesario que Arévalo sea investigado, para que no cualquiera ocupe los cargos públicos».