Arévalo se equivoca: “Peligroso precedente”
Analistas políticos alertan sobre las implicaciones legales y políticas de las recientes declaraciones de Bernardo Arévalo, calificándolas como un desafío directo al marco jurídico que podría profundizar la crisis institucional del país.
Redacción
El domingo 17 de noviembre, en una cadena nacional de emergencia, el presidente Bernardo Arévalo lanzó fuertes declaraciones que generaron controversia. Arévalo aseguró que su gobierno no permitirá que la fuerza pública acate órdenes «ilegales» emitidas por el Ministerio Público (MP), tras el allanamiento a la vivienda de Félix Alvarado, exministro de Comunicaciones. El mandatario calificó la acción como un «caso espurio» y afirmó que el sistema de justicia está «cooptado».
Entre sus denuncias, Arévalo señaló presiones ilegales ejercidas contra Ligia Hernández, quien habría sido «obligada a aceptar cargos», y mencionó que se busca que el periodista José Rubén Zamora permanezca en prisión.
¿Un “mecanismo legal” o un desafío al estado de derecho?
En su intervención, el presidente anunció la creación de un mecanismo para que las fuerzas de seguridad bajo su mando eviten cumplir órdenes consideradas ilegales. Esta iniciativa ha sido fuertemente cuestionada por juristas como Omar Barrios, quien advirtió que vulnera la Ley Orgánica del MP, el Código Procesal Penal y otros marcos normativos.
Barrios también cuestionó la imagen proyectada por el mandatario. «Se muestra nervioso e inseguro, lo que refuerza la percepción de un liderazgo débil y mal asesorado», señaló.
El exdiputado Roberto Villate recordó que, según el artículo 51 de la Ley Orgánica del MP, la Policía Nacional Civil (PNC) debe cumplir órdenes de los fiscales sin excepción, independientemente de la opinión del Ejecutivo. «Lo que Arévalo propone no solo es ilegal, sino que sienta un precedente peligroso que podría desarticular el sistema de justicia», afirmó Barrios.
Críticas que trascienden lo jurídico
Mientras algunos analistas ven en las acciones de Arévalo una defensa de la democracia frente a un MP señalado por corrupción, otros interpretan su postura como un intento de debilitar la independencia judicial.
Villate fue más allá al criticar que el presidente desvía la atención de los verdaderos problemas del país. «La justicia no está en crisis, lo que está en crisis es la economía, la salud pública y la infraestructura», afirmó.
El exdiputado, también criticó al presidente, calificando sus declaraciones como “improcedentes e insensatas”. Villate subrayó que el MP es una institución autónoma, tal como lo establece el artículo 3 de su normativa orgánica. Además, cuestionó la intención del mandatario al intervenir en procesos judiciales que, según él, deben ser independientes.
¿Un límite a la democracia?
Para algunos sectores, las declaraciones de Arévalo son un llamado a proteger la democracia frente a un MP acusado de corrupción y persecución judicial. Sin embargo, para otros, representan un peligroso intento de consolidar el poder del Ejecutivo.
En un contexto de tensiones políticas y judiciales, la postura del mandatario podría erosionar aún más la confianza en las instituciones y agravar la crisis institucional. Tal parece que el presidente olvida que las leyes no son opcionales y que, al ignorarlas, pone en peligro no solo su legitimidad, sino también el equilibrio democrático del país.
