Arévalo rompe el orden constitucional en cadena nacional
En cadena nacional, rodeado de su gabinete y diputados oficialistas, Bernardo Arévalo rompió los límites del discurso presidencial para lanzar un ataque frontal contra el juez Fredy Orellana, a quien acusó de servir a la fiscal general Consuelo Porras y de intentar un “golpe de Estado”. Tal parece que el mensaje de Arévalo no busca justicia, sino impunidad, presión mediática y permanencia.
Redacción
Lo más grave no fueron las acusaciones, sino el llamado explícito del mandatario a la población, a organizaciones, a las autoridades indígenas y a jueces y magistrados a “levantarse” contra una resolución judicial. Esta convocatoria roza la incitación a la desobediencia institucional y pone en entredicho la independencia de poderes.
“Orellana y sus demás patéticos conspiradores han creado un contexto de terror para hundir a nuestro país”, afirmó Arévalo, con un tono abiertamente desafiante. Añadió que “han usado procesos judiciales ilegítimos para encarcelar y torturar a ciudadanos honestos”, acusando al sistema de justicia de operar al margen de la ley.
En este contexto, cabe preguntarse: ¿hasta qué punto puede un presidente atacar públicamente a un juez que goza de inmunidad y autonomía en sus fallos? ¿Puede el Ejecutivo convertirse en juez y parte de los procesos que involucran a su propio partido político?
Los aliados del discurso
Arévalo repitió el tono de 2023, cuando alentó los bloqueos bajo el lema de “defender la democracia”. Esta vez, calificó de “patéticos conspiradores” a Orellana y a otros funcionarios judiciales, a quienes acusó de “crear un contexto de terror” y “torturar a ciudadanos honestos”.
En su mensaje, el presidente mencionó a Luis Pacheco y Héctor Chaclán, líderes que enfrentan cargos por promover bloqueos durante el llamado Octubre Negro, los cuales paralizaron al país y vulneraron derechos fundamentales como la libre locomoción y el acceso al trabajo.
Arévalo los describió como “autoridades indígenas que defendieron la democracia”, en una clara búsqueda de respaldo político de los 48 Cantones de Totonicapán y de sectores que en el pasado respondieron a su convocatoria.
“Lo que está en juego no es el gobierno que presido, sino el cimiento de la democracia y el respeto a la voluntad del pueblo”, señaló el mandatario.
Sin embargo, mientras acusa al sistema judicial de “hundir al país”, omite que su propio partido, Movimiento Semilla, enfrenta un proceso legal por irregularidades en su formación, en el que ocho personas ya han aceptado cargos. Así, mientras llama a “defender la democracia”, descalifica los tribunales que deben garantizarla.
El verdadero golpe
“Guatemala no puede ser rehén de quienes usan la toga para servir a la corrupción. Es hora de defender la democracia con decisión y sin titubeos”, declaró Arévalo.
Su convocatoria “a todos los guatemaltecos decentes, a funcionarios civiles y militares, empresarios, jueces y magistrados” pretende disfrazar de “unidad nacional” lo que en realidad es una presión política para influir en las decisiones judiciales que afectan a su gobierno y a su movimiento.
“Nuestro destino depende de lo que sepamos hacer hoy. Este es un momento histórico de unidad nacional”, agregó.
El presidente no necesita tanques ni armas para vulnerar el Estado de Derecho: basta con usar la cadena nacional para desacreditar a un juez y poner a la ciudadanía contra el sistema judicial.
En consecuencia, cabe preguntarse si atentar contra la autonomía de poderes, manipular la indignación pública y convertir la justicia en campo de batalla política no es, en esencia, una forma moderna de golpe de Estado.
